El Gobierno recortará los programas científicos

El Gobierno nacional, a través de la Resolución 10/2025, ordenó recortar investigaciones y programas científicos. Este nuevo ajuste tendrá un impacto directo en el ámbito científico y universitario. Con un claro intento de limitar convenios con organizaciones sociales, el Ejecutivo eliminará programas y convenios vinculados a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología que “deban rendiciones, que estén vencidos y no aporten al crecimiento del país”.

La resolución

En la resolución publicada, el Gobierno señala: “Resulta imperioso que la evaluación de los programas se realice verificando su correlato con el Plan Estratégico definido para el 2024-2025, el cual tiene su eje en la redefinición y reorientación de las estructuras institucionales, con una política orientada a la generación de conocimiento y el desarrollo de tecnologías al servicio del crecimiento económico y de­sarrollo estratégico del país”.

De esta forma, se evaluará la totalidad de los programas creados por el ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el objeto de resolver, o no, su continuidad, aceptándose la continuidad automática sólo de los proyectos que estén desarrollados en más de un 30%. El objetivo de la medida es recortar 1867 millones de pesos que hoy se destinan a la investigación en 70 programas sociales que, desde el oficialismo, afirman que “no cumplen con el grado de pertinencia y aporte efectivo al desarrollo”.

Las repercusiones

La resolución fue criticada por organizaciones como la Federación de Docentes Universitarios (Fedun), los Sindicatos Universitarios de América del Sur (Fesiduas) y la Federación Latinoamericana de Trabajadores Científicos (Fedlatci), que consideran que la decisión “plantea la eliminación de las investigaciones científicas relacionadas con las ciencias sociales, el medio ambiente y el calentamiento global entre otras, lo que representa un ataque directo al avance del conocimiento y un grave retroceso en las políticas públicas orientadas al de­sarrollo sostenible y la soberanía científica nacional”. En esa línea, señalan que la medida “refleja una postura negacionista que desconoce la importancia estratégica de la ciencia y la tecnología para abordar los desafíos globales y locales”.