El oscuro pasado del jefe de la Uocra

El refrán bíblico reza que “quien esté libre de pecado que arroje la primera piedra”. Sin embargo, la poca memoria de muchos hace que algunas figuras que llevan años moviéndose con el mismo modus operandi que dicen cuestionar continúen en la vida pública. 

Gerardo Martínez es jefe de la Uocra a nivel nacional desde 1990. Pero nunca trabajó en la construcción. 

En 1978, en pleno genocidio, Martínez fue presentado al teniente coronel Pedro Armando Coria en la oficina del primer piso de la sede del sindicato, intervenido por la Dictadura militar. “Este muchacho es de confianza”, dijo Segura, del gremio de la carne, que lo había acercado. El coronel le dio la mano y Martínez sonrió.

Ese encuentro cambiaría su vida. Había militado en la Juventud Sindical Peronista (JSP) e incluso había trabajado en Ferrocarriles Argentinos. Hasta entonces, con 22 años nunca había trabajado de albañil. 

El coronel Coria había llegado al gremio a “cortar cabezas”. Su proyecto –en realidad, el de la Dictadura– era agenciarse del dinero de las obras sociales y formar un sindicalismo que le respondiera. 

Tras unos días en la Secretaría Administrativa, donde conocería a Susana, su esposa, Martínez comenzó a actuar como “colaborador gremial”. Debía observar si en las obras se cumplía con los requisitos de seguridad y si los papeles estaban en orden. En ese momento no era bien visto porque “era un hombre de la intervención militar”. 

Protegido por Coria, fue creciendo y poco tiempo después llegaría su salto político en el gremio. Fue con la intervención en la Uocra de Capital Federal de Juan Alejo Faría. Con él, Martínez se convirtió en un jefe orgánico del sindicato de la construcción. 

En forma paralela a sus actividades en el gremio, Martínez formaba parte del Batallón de Inteligencia 601, como Personal Civil de Inteligencia (PCI). La información que brindó el Ejército indica que prestó servicios a esa dependencia militar entre el 1° de marzo de 1982 y el 31 de diciembre de 1983. En una sentencia judicial, el juez federal Ariel Lijo consideró al 601 como “un engranaje de relevancia para el accionar de la Dictadura y la concreción de crímenes de lesa humanidad”.

Martínez era un PCI entre los miles que fueron adoptados por la estructura de inteligencia militar para infiltrarse en sindicatos, universidades y organizaciones sociales. con el fin de trasladar información al ­batallón, que luego se valoraría en la Central de Reunión del 601. Con esa información se ­ejecutarían las tareas que “correspondieran” para hacer más eficiente la represión ilegal. Durante la Dictadura desaparecieron 105 obreros de la construcción en todo el país, 60 de ellos en Capital Federal. 

Cuando la Dictadura empezó a desmoronarse y el proyecto sindical de permanencia pensado por los militares perdía sustento, Martínez ya estaba afincado dentro del gremio y no se movería.