Hijos denunció a funcionarios jujeños tras exponer la situación de sitios de la memoria

La agrupación indicó que el gobierno de Morales está incumpliendo una ley nacional.

La agrupación Hijos de Jujuy, con la adhesión de organismos de derechos humanos, denunció a funcionarios del Poder Ejecutivo provincial por “acoso y hostigamiento”, luego de exponer la violación de leyes nacionales por “destruir” sitios de la memoria y ex centros clandestinos de detención que funcionaron durante la dictadura cívico-militar.

“Por el hostigamiento e intento de desprestigio mediático, Hijos Jujuy realizó una presentación ante la Justicia por acoso y hostigamiento mediático por parte de la secretaria de Derechos Humanos de Jujuy, Marcela Infante; el director de Arquitectura, Horacio Calsina; el ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic; y el gobernador Gerardo Morales”, se indicó en un comunicado de la agrupación.

El colectivo aseguró que el gobierno jujeño “en un claro acto de impunidad ha realizado una seguidilla de notas periodísticas y entrevistas en medios de comunicación simpatizantes para tratar de tapar y poner un manto de legalidad a la demolición y destrucción de los sitios de memoria que están llevando adelante en la provincia”.

En ese marco, calificaron como “grave” la postura de los funcionarios, debido a que “están infringiendo la ley nacional de sitios de memoria, ley 26.691, que declara sitios de memoria a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal” durante la última dictadura.

Sobre ese punto, hicieron alusión al ex Comando Radioeléctrico, ubicado en pleno centro de San Salvador, “totalmente demolido”, y el terreno del barrio Alto Padilla II, el cual “fue un sitio donde en los años de dictadura hubo enterramientos”, agregaron.

Los denunciantes afirman que los funcionarios nombrados “estigmatizan” a los integrantes de organismos de derechos humanos, “poniéndolos en el papel de opositores políticos, como lo manifestó el ministro Stanic en distintos medios de comunicación, o responsabilizándolos de demorar y/o impedir el progreso en Jujuy”.

“Es evidente que lo que estos funcionarios pretenden es encubrir grandes ilegalidades y fraudes, mediante el descrédito hacia nuestro organismo, que es denunciante de sus transgresiones legales”, enfatizaron.

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