La elección del procurador podría terminar en la Corte Suprema

Graciela Camaño, diputada nacional de Consenso Federal, aseguró que si el oficialismo modifica en el Senado la forma de elegir al procurador general de la Nación, el tema llegará a la Corte Suprema de ­Justicia.

“Habrá un examen de constitucionalidad en el Senado, que es político. Pero hay otro examen de constitucionalidad, que es jurídico, y cuando el kirchnerismo quiso hacer reformas judiciales contra la Constitución, la Corte le ha dicho que no”, indicó.

La iniciativa que impulsa el oficialismo en la Cámara alta modifica el requisito de los dos tercios de votos del Senado para nombrar al procurador general, para poder acceder al cargo a través de la mayoría simple, y sobre este punto Camaño indicó: “Mucho me temo que si cometen este error tendrán el escándalo político y mediático, y luego tendrán el examen de constitucionalidad ante la Corte”.

La integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación indicó que el proyecto “no se corresponde con lo establecido por el artículo 120 de la Constitución”, y explicó que el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa es “un suprapoder, que está por fuera de los tres poderes del Estado”. “Tenemos que bregar por su independencia, y si se le ponen cláusulas que no tienen la lógica de asegurar la independencia, es inconstitucional”, señaló Camaño.

El MPF tiene bajo su ejido los delitos del poder: el narcotráfico, el terrorismo, los delitos de los funcionarios públicos, la trata de personas, la evasión financiera, “y son importantes porque influyen en la posibilidad que tenga este país de salir adelante”, consideró, y agregó que “necesitamos una legislación de fondo para estos delitos importantes, en una discusión donde participen todos los sectores políticos y judiciales”.

Por su parte, la exprocuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, aseguró que “el delito es dinámico” y requiere ­adaptación permanente para combatirlo, y por lo tanto “es incompatible con un ­procurador vitalicio”. Si este tiene un plazo acotado de gestión, “la mayoría absoluta es totalmente razonable” para su designación, y esto “es algo muy típico de las ­legislaciones con sistema acusatorio”, ­concluyó.