La Gestapo antisindical contra el Estado de derecho

Por GRAU

Especialista en Derecho Constitucional y Administrativo

Como es sabido, la Gestapo antisindical es el modo en que se ha conocido una denuncia por hechos de espionaje y armado ilegal de causas penales contra dirigentes sindicales por parte de funcionarios del gobierno durante el mandato de María Eugenia Vidal, de la alianza Cambiemos, en la Provincia de Buenos Aires, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019.

La operación salió a la luz en 2021, cuando la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) realizó una denuncia penal a raíz de documentos y registros fílmicos encontrados en el organismo, realizados durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019). La expresión “Gestapo” para designar a “esa organización” fue utilizada en uno de los videos por el entonces ministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas. Mientras referentes políticos y gremiales sumaron repudios por la “Gestapo” antisindical del macrismo (v. www.telam.com.ar. 6/1/2022), la investigación del caso quedó a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal n° 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak.

Ahora bien, si tenemos en cuenta que se ha definido al Terrorismo de Estado como el uso sistemático, por parte del gobierno de un Estado, de amenazas, represalias, considerado a menudo ilegal dentro incluso de su propia legislación, con el fin de imponer obediencia y una colaboración activa a la población (v. Enciclopedia Microsoft Encarta. “Terrorismo de Estado” 26/11/2016). Se da cuando el Estado a través de sus gobernantes persigue y hostiga de modo sistemático y planificado a un sector de la población (en este caso dirigentes sindicales), para poder llegar a dominarla a través del temor, evitando cualquier acto de resistencia a la opresión, esa manera de actuar recibe el nombre de terrorismo de Estado, que es un abuso de su poder coactivo.

En este caso, hasta ahora, la Justicia logró confirmar la existencia de una reunión el 15/6/2017, en la cual se esbozó una “estrategia o procedimiento” para lograr el encarcelamiento de dirigentes sindicales del gremio de la construcción y que la misma se llevó a cabo en la sede porteña del Banco Provincia, en la calle San Martín.

No obstante, distintos sectores expresaron que no se trata únicamente del caso del dirigente del gremio de la construcción, sino de una “metodología sistemática” de persecución a “sindicalistas, dirigentes políticos y organizaciones sociales” perpetrada durante la gestión del gobierno anterior. El objeto de la reunión es expuesto por los propios participantes en el video y es la planificación de una persecución a dirigentes a los que el gobierno de Vidal consideraba adversarios políticos o enemigos.

Al respecto, y teniendo en cuenta que, como bien lo expresó el Presidente Alberto Fernández, al rechazar los argumentos esgrimidos por Vidal sobre la mesa judicial bonaerense: “Es un delito utilizar la maquinaria del Estado para volcarla en perjuicio de una persona y construir las razones para poder detenerla”.

Nosotros pensamos que se desarrollaron típicas acciones consideradas como parte del Terrorismo de Estado, tales como: 1. Uso de la coacción o persecución ilegítima a un sector definido como adversario político, dirigentes sindicales señalados de antemano, es decir “previamente marcados”. 2. Creación, normalmente en secreto, de un plan o estrategia en el caso fue por el medio de “armado de causas para la detención” y el “modus operandi” habría sido: inicio con la presentación de notas de empresarios contra sindicalistas en el Ministerio de Trabajo. Seguidamente, los acusaban de amenazas y extorsión. Luego, el ministro los denunciaba a la Justicia, se abría una causa, se pedía esas cartas de pruebas y más tarde detenían a los gremialistas. 3. Instrucción o inducción a la tropa propia para que actúe de tal manera y ese habría sido el objeto de la reunión que aparece en las filmaciones, la del 15 de junio de 2017, de esa reunión participó el entonces ministro de Trabajo bonaerense (Marcelo Villegas), el ministro de Infraestructura (Roberto Gigante) y el exsubsecretario de Justicia de la Provincia (Adrián Grassi), además de un senador (Juan Pablo Allan), el intendente de La Plata (Julio Garro), cinco empresarios de la construcción y agentes de la AFI. De lo precedentemente expuesto tenemos que todos los elementos tipificantes del concepto de “Terrorismo de Estado” se encuentran condensados en el caso de la “mesa judicial bonaerense”, conformada durante el gobierno de Cambiemos. Tan es así que la fiscal federal de La Plata Ana Russo amplió la imputación a todos los asistentes a la reunión que se celebró en junio de 2017 en las oficinas porteñas del Banco de la Provincia de Buenos Aires.