La Justicia apura a Larreta para que reconstruya viviendas

No es una novedad que la situación habitacional en la Ciudad de Buenos Aires no es de las mejores. El crecimiento poblacional llevó a las familias en situación de vulnerabilidad a construir asentamientos que hoy ya son barrios populares, vulgarmente llamados “villas”.

Tal es el caso de la 31, o “Barrio Padre Carlos Mugica”, que se originó en 1932 como un asentamiento informal posterior a la crisis del año 1929.

Si bien no es el barrio con estas características más grande de la ciudad, es el más emblemático por su ubicación estratégica.

El conflicto comenzó por una demolición por “error”, que sucedió el pasado 18 de enero, en el marco de un operativo llevado a cabo por la Unidad de Proyectos Especiales, área dependiente del Ministerio de Desarrollo y Hábitat porteño.

Esta demolición generó un derrumbe en el que resultaron heridos tres obreros que quedaron atrapados en las viviendas y tuvieron que ser trasladados al hospital Fernández. Además, fueron 30 familias las que quedaron en la calle, sin respuesta concreta del gobierno de Rodríguez Larreta.

“Para derrumbar sus casas, les tocaron la puerta a los vecinos que estaban para advertirles que salieran con urgencia, ya que iban a demoler sus casas. Y salieron todos corriendo solo con lo puesto”, dijo Silvina Olivera, referente social del barrio.

Ante esta situación, el Ministerio Público de la Defensa tomó intervención en el caso. Se presentó una medida cautelar para que el gobierno reconstruya las viviendas o les proporcione a los vecinos afectados un lugar alternativo para vivir.

La respuesta de la Justicia

Fue el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario n° 23 de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Andrés Gallardo, quien hizo lugar a dicha medida cautelar.

En principio, le pidió al go­bierno porteño un informe ­detallado de las viviendas afectadas por el siniestro de derrumbe. Dicho informe deberá incluir los datos de las edificaciones y de las familias que vivían en ellas.

También ordenó la reconstrucción de las viviendas, para lo cual el jefe de Gobierno deberá presentar un plan de obras “cuya ejecución prevea una extensión no mayor a diez (10) días”.

Para el juez Roberto Andrés Gallardo, el gobierno porteño no dio “ninguna respuesta satisfactoria, pronta, eficiente y eficaz frente a la gravísima situación de emergencia habitacional y de extrema vulnerabilidad social padecida por las familias actoras”.

Por lo tanto, exigió que se proponga “un plan de emergencia habitacional que morigere la situación actual de carencia de habitación de las familias afectadas, sin alterar su unidad y con exclusión de las alternativas de subsidios económicos y/o paradores nocturnos”.

También pidió que se garantice las necesidades de higiene, salubridad (como la provisión de baños químicos) y alimentación de las familias afectadas.

De acuerdo a los plazos dispuestos por Gallardo, en los próximos días Larreta debería contar con el plan de obras y los plazos correspondientes para darles una respuesta a estas familias que quedaron sin un lugar donde vivir.