La Justicia deberá resolver si avala el nuevo régimen de detención para jefes narcos
Se trata de un protocolo de detención para delincuentes de alto riesgo, sancionado por el Ministerio de Seguridad, que prevé un endurecimiento de las condiciones de alojamiento de los presos en la ciudad de Rosario.
En un violento contexto que marca la agenda a nivel nacional, la Justicia federal de la ciudad de Rosario tendrá que resolver si avala el nuevo protocolo de detención para presidiarios de alto riesgo, sancionado a principio de año por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
El “Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal” aboga por un endurecimiento en las condiciones de alojamiento y detención de aquellos internos establecidos como jefes de bandas narcocriminales y que continúan perpetrando delitos desde su lugar de encarcelamiento.
El protocolo establece que los presos de alto riesgo deberían alojarse en unidades fuera de las provincias donde sus organizaciones tengan influencia y en locaciones donde prevalezcan sectores con estrictas medidas de seguridad física, en celdas individuales y con una cantidad mínima de elementos. Además, no podrían mantener contacto alguno con otros internos calificados de “alto riesgo” y las visitas podrían concretarse a través de un Blindex y sin contacto directo, sumado a que no podrán poseer teléfonos celulares y con llamadas desde aparatos fijos con control.
Cabe mencionar que esta iniciativa de la cartera de Seguridad ya fue objetada en la Justicia por la defensa del interno Esteban Lindo Alvarado, condenado en la cárcel federal de máxima seguridad de Ezeiza a prisión perpetua por homicidio, lavado de dinero, coacción agravada y asociación ilícita y a 15 años por tráfico de drogas.
En el pedido de su representación legal ante el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario que lo condenó, se solicitó que se declare la inconstitucionalidad del protocolo porque entienden que viola derechos y garantías fundamentales establecidos en la Constitución Nacional y porque no cumple con el objetivo de la reinserción social de los detenidos.
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