La Justicia uruguaya desestimó el habeas corpus de Rodríguez Simón

El operador judicial de Macri había recurrido a este mecanismo luego de que la jueza María Servini emitiera una orden de detención en su contra. la jueza María Servini emitiera una orden de detención en su contra.

La Justicia de Uruguay rechazó el recurso de habeas corpus que presentó Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el operador judicial de Mauricio Macri, para bloquear la orden de captura que libró la jueza argentina María Servini, en la causa en que lo investigan por asociación ilícita y extorsión.

El juez Marcelo Malvar desestimó el habeas corpus preventivo solicitado por Rodríguez Simón ante el Tribunal de Montevideo. El magistrado argumentó el rechazo en cuestiones formales dado que Interpol Uruguay no recibió aún ningún pedido de detención contra Rodríguez Simón.

El juez aceptó los argumentos del fiscal Pablo Rivas, que sostuvo que el pedido del exoperador judicial de Macri no tenía razón de ser porque la orden de detención no había llegado aún al Uruguay.

La figura del habeas corpus solicitada por Rodríguez Simón está contemplada en el Código de procedimiento penal uruguayo para los casos en los cuales las autoridades incurren en “una acción ilegal que genera, a su vez, una detención ilícita”, según explicaron especialistas.

El viernes por la tarde, el exfuncionario de Cambiemos volvió a presentarse ante el tribunal de Montevideo para ratificar su pedido de habeas corpus, tras la solicitud de asilo político que había elevado al gobierno uruguayo.

Rodríguez Simón se presentó junto a sus abogados, Eduardo Sanguinetti y Rodrigo Rey (un letrado que no es penalista, sino especialista en derecho canábico), para terminar de formalizar la solicitud. El juez resolvió con rapidez ya que la Legislación penal uruguaya establece un período de no más de 24 horas para responder.

El trámite judicial

Esta decisión del juez Marcelo Marval no implica una inmediata extradición de “Pepín” hacia la Argentina, ya que este todavía puede apelar la decisión y el expediente puede llegar hasta la Suprema Corte del Uruguay.

La presentación del habeas corpus por el exoperador judicial de Macri se generó cuando la jueza federal María Servini envió un pedido a la Cancillería argentina, con vistas a “arbitrar los medios para que se proceda” al urgente exhorto a las autoridades de Uruguay con el fin de proceder a la captura efectiva.

Mientras tanto, Interpol reclamó a la jueza más detalles para proceder a la búsqueda del abogado, en el marco del pedido de captura nacional e internacional que se libró contra el letrado en una causa que radicó el empresario Fabián De Sousa contra Macri y varios de sus exfuncionarios.

La denuncia, las escuchas y la huida

Rodriguez Simón se fue de la Argentina el 8 de diciembre del 2020. Está siendo investigado por la jueza Servini y el fiscal Guillermo Marijuan por una denuncia que promovió el empresario Fabián De Sousa cuando aún estaba detenido.

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Allí De Sousa acusó al expresidente Mauricio Macri de encabezar una asociación ilícita que decidió desapoderarlo de sus bienes y, ante su resistencia, actuó en connivencia con la Justicia para encarcelarlo. El fiscal Marijuan dio curso a la investigación y ordenó recolectar testimonios y pruebas. También pidió cruces de las llamadas telefónicas.

Fue en marzo cuando llegaron los cruces telefónicos de “Pepín”, y la jueza Servini ordenó citarlo a indagatoria, el mismo día en que Macri reaparecía con el lanzamiento de su libro Primer tiempo. En esos cruces telefónicos aparecen 10.738 llamadas durante tres años y medio (entre el 1° de enero del 2016 y el 31 de agosto del 2019) con un grupo de “interlocutores comunes y frecuentes”. Además de distintos funcionarios del gobierno nacional, figuraban 59 comunicaciones con el presidente de la Corte Suprema, Carlos
Rosenkrantz, a quien él propuso para llegar al máximo tribunal y con el que mantenía una amistad previa -el juez fue al casamiento de la hija de Rodríguez Simón-.

El exoperador judicial estaba citado a indagatoria para el próximo 17 de junio, pero el abogado anunció el pasado lunes su decisión de no volver al país. Hizo público que se había acogido al régimen de asilo como refugiado político en los términos de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.

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