La UBA rechazó la auditoría de la Sigen y va a la Justicia

La Universidad de Buenos Aires (UBA) confirmó su rechazo a las auditorías de gastos que impulsa el Gobierno de Javier Milei, y ratificó que recurrirá a la Justicia. “Queremos ser controlados dentro del marco de las leyes”, comunicaron en conferencia de prensa las autoridades de la casa de altos estudios, encabezadas por el rector, Ricardo Gelpi.

“Entendemos que la Sigen no tiene las competencias para auditar a las universidades. Queremos ser auditados lo que sea necesario dentro del marco de las instituciones, y decidimos presentarnos ante la Justicia para que decida si el procedimiento que quiere llevar a cabo el Gobierno se encuentra dentro del marco legal vigente. Nosotros entendemos que no, pero acataremos lo que decida el Poder Judicial”, expresó Gelpi.

La notificación de la Sigen

“Luego de que las autoridades de la Universidad de Buenos Aires no respondieran a las notificaciones enviadas por sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y el aviso al correo electrónico oficial del rectorado, se decidió entregar la notificación en un documento físico, para evitar más dilaciones. Así, el equipo de la Sindicatura General de la Nación remitirá en mano en la mesa de entradas de la Rectoría de la UBA, la nota que indica que comenzarán los trabajos de auditoría en esa casa de estudios”, informó el ministerio de Capital Humano a través de un comunicado.

La presentación frente a la Justicia

Por otro lado, la UBA publicó en su página web un documento donde demuestra que es uno de los entes más controlados y auditados en el sector público a través de la Auditoría General de la Nación, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y la Auditoría General de la Universidad. Asimismo, puso a disposición los últimos informes realizados por estos organismos.

“La Universidad sostiene que la Sigen no tiene competencias para auditarla y el Poder Ejecutivo sostiene que sí. En nuestra República, el órgano constitucional que está llamado a resolver este tipo de conflictos es el Poder Judicial, con lo cual la Universidad ha elegido encausar institucionalmente este debate para lograr un pronunciamiento del único órgano que es el último intérprete de la Constitución y las leyes”, explicó Leonora Colombo, miembro del Claustro de Graduados del Consejo Superior.