Más de 2.900 víctimas de trata fueron asistidas
Con “acciones territoriales y federales”, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad busca combatir este delito que representa además una “grave violación a los derechos humanos”. A esto se le suma el trabajo en conjunto con organismos como la AFIP.
En un informe del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación difundido ayer en el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Trata, se precisó que fueron 2.905 las personas asistidas desde 2020.
La cartera que conduce Ayelén Mazzina recordó que hace tres años “lleva adelante acciones territoriales y federales para la prevención de la trata de personas, a la vez que brinda asistencia integral a mujeres y LGBTI+ víctimas de ese delito”.
Por otro lado, desde junio de 2021 hasta el presente se realizaron seguimientos y articulaciones con distintos organismos en 77 situaciones de trata.
El Ministerio informó además que se acompañó a mujeres y diversidades en situación de trata con el Programa Acercar Derechos (PAD), la línea 144 y la Red de Asistencia Integral de las violencias por motivos de género, entre otras iniciativas.
Además, se destacó el papel del programa Acompañar, que, desde su creación, contribuyó en la asistencia de más de 2.905 personas, de las cuales 692 atravesaron situaciones de explotación laboral, 1.355 situaciones de explotación sexual, y en 858 casos no se lograron especificar fines.
Para denunciar delitos de trata y explotación, el Estado dispone de la línea 145, nacional, anónima y gratuita, para orientación, solicitar asistencia y/o denunciar la desaparición de una persona. Funciona las 24 horas, los 365 días del año.
El trabajo articulado
Un ejemplo de la labor conjunta con organismos estatales es el rescate de siete personas a raíz de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Las presuntas víctimas desempeñaban labores en establecimientos rurales de la provincia de Buenos Aires, precisaron.
La Dirección General de Recursos de la Seguridad Social presentó la denuncia correspondiente tras detectar que estas personas “vivían en condiciones precarias y que, pese a realizar jornadas laborales prolongadas, cobraban sumas hasta un 50% inferiores al salario mínimo, vital y móvil”.
“Se comprobó que los trabajadores tenían una antigüedad laboral en los campos mayor a los diez años, y un promedio de edad que en su mayoría superaba los 55 años”, expresaron en un comunicado.
Por otro lado, las viviendas en donde habitaban no cumplían con la ley de Trabajo Agrario, ya que estaban construidas con materiales precarios y no contaban con sanitarios adecuados, agua caliente ni cocina.
También se encontraron pisos de tierra, faltantes de techo y aberturas rotas, entre otras condiciones de peligrosidad y factores de insalubridad, según indicaron desde AFIP.
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