Más del 50% de las escuelas bonaerenses con cese parcial o total de actividades

Así lo establece un relevamiento realizado en los 135 municipios bonaerenses. Intendentes, concejales y consejeros escolares del oficialismo y de la oposición se oponen al ingreso de empresas a las escuelas. Piden que se retome el diálogo. El conflicto podría profundizarse. En una entrevista televisiva, los dirigentes del SOEME denunciaron negociados de la Dirección de Escuelas con una empresa creada por un represor de la dictadura

El Sindicato de Empleados y Obreros de la Minoridad y la Educación (SOEME), que conduce el ingeniero Marcelo Balcedo, realizó un relevamiento en los 135 municipios de la provincia, cuyos resultados muestran que el impacto de la retención de tareas por tiempo indeterminado ha llevado a que más del 50% de los establecimientos educativos presenten un cese total o parcial de actividades.  Se prevé que la situación empeore en la semana que comienza en caso de que el gobierno provincial siga sin acatar la medida precautelar dictada por el juez Luis Federico Arias que ordena retomar las negociaciones salariales.

“La situación es bien clara: el gobierno nos convoca al diálogo en paritarias, permitiéndonos discutir soluciones superadoras al irrisorio aumento del 12%, e inmediatamente suspendemos la retención de tareas. Hasta tanto ello no ocurra, el conflicto irá creciendo y más si insisten con aplicar la resolución que habilita la tercerización de los servicios de limpieza para favorecer a la empresa de un represor de la dictadura”, aseguró a diariohoy.net, la secretaria adjunta del SOEME, Susana Mariño.

Por su parte, el apoderado del gremio, Guillermo Chavez, afirmó: "“con esta resolución el objetivo de fondo es despedir estatales, y privatizar el servicio de limpieza. Quieren favorecer la rentabilidad de algunas empresas amigas y este año le van a destinar $15 mil millones a escuelas privadas mediante subvenciones"

Dirigentes del SOEME se está reuniendo con intendentes y consejeros escolares de toda la provincia de Buenos Aires, de diferentes partidos políticos. Por ejemplo, el viernes estuvieron con el jefe comunal de Pilar, Nicolás Ducote, que forma parte de Cambiemos, quien se comprometió a enviar una nota al ingeniero Balcedo y otra al ministerio de Trabajo de la Provincia pidiendo que se retome el diálogo entre las partes y, a su vez, advirtiendo a las autoridades bonaerenses sobre los graves riesgos que implica la resolución 142/2016 que habilita el ingreso de personal no capacitado de empresas privadas a las escuelas para reemplazar la tarea de los auxiliares que vienen desarrollando el plan de lucha.

Intendentes, concejales y consejeros escolares, a lo largo y ancho de la Provincia, salieron a repudiar abiertamente la resolución firmada por el titular de la Dirección de Escuelas, Alejandro Finocchiario, que pretende privatizar los servicios de limpieza en los establecimientos educativos de la Provincia, en clara represalia por el plan de lucha que vienen realizado los trabajadores auxiliares contra la imposición de un irrisorio aumento salarial de 12,1%, lo que equivale a un tercio de la inflación real.

Ayer, la Unión Cívica Radical de La Plata, a través de su junta Central, emitió un duro documento contra la iniciativa del gobierno de Vidal. “Responder a un legitimo reclamo de trabajadores con la amenaza velada a sus empleos, no es lo que prometimos en la campaña. Enfrentar pobres contra pobres (papas, auxiliares, directivos y empleados de la empresa de limpieza) no nos parece acertado”, afirmaron.

“Además de desjerarquizar la profesión, ya que no solo limpian, sino que contienen, aconsejan y detectan problemáticas en los chicos, hacen milagros para cocinar con escasos recursos y a cambio van a ser reemplazados con empleados que son desconocidos por la comunidad escolar y que no cumplen los requisitos mínimos para estar con chicos (por ejemplo, certificado de antecedentes penales). El dialogo tiene que ser la  piedra fundamental para solucionar este conflicto, sentar a todos los actores y hacer el máximo esfuerzo para solucionar este conflicto”, dice el documento. Cabe destacar que el gobierno bonaerense se viene negando a cumplir con una medida precatulerar, dictada por el juez Luis Federico Arias, que ordenó la continuidad de las negociaciones salariales.

No solamente el radicalismo salió contra esta resolución. En casi 50 consejos escolares distintos bloques políticos vienen expresando una fuerte oposición a la resolución 142. Por ejemplo, los consejeros escolares del Frente para la Victoria de Florencio Varela reclamaron al gobierno bonaerense que respete el articulo 14 bis de la Constitución nacional, que le garantiza a los gremios y a los trabajadores los derechos a concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; y el derecho de huelga. Destacaron que el la resolución en cuestión "pone en riesgo el sistema educativo".

“Esto es una medida absolutamente fuera de foco de la gobernadora ya que vulnera la Constitución. Con la contratación de empresas privadas para suplir los puestos de trabajo de personal de planta permanente del Estado provincial se está cometiendo algo muy grave: ni siquiera sabemos de dónde vienen las personas que van a ingresar a las escuelas”, dijo a diariohoynet la vicepresidenta del Consejo Escolar de Lomas de Zamora, Viviana Guido, quien además es docente de Historia y fue vicedirectora de una escuela técnica.  

“La gobernadora viene de una historia que no tiene nada que ver con las construcciones colectivas del movimiento obrero y la defensa de los trabajadores. Pretende que nosotros, en los consejos escolares, nos convirtamos en fuerza choque contra los laburante y no nos podemos prestar a eso. En todo caso, en qué cabeza cabe querer cerrar unilateralmente una paritaria con un aumento del 12% a los auxiliares, cuando tuvimos una devaluación del 40%, tarifazos y una estampida de precios”, remarcó la consejera.

Más rechazos

 La empresa Ambientación y Paisajismo Obras y Servicios, cuyo personal intenta ingresar a las escuelas de La Plata, fue creada en el año 2006 por Santiago Héctor Kelly del Moral, que llegó a estar preso por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura en Entre Ríos. También estuvo prófugo, por lo cual el Ministerio de Justicia de la Nación tuvo que ofrecer una recompensa por su captura. Kelly del Moral fue acusado, por distintos testigos y presos políticos, de haber sido coautor de torturas y de la privación ilegal de la libertad que sufrieron los hermanos Jaime y Emilio Martínez Garbino.

La contratación de esta compañía, y la resolución 142, cosechó rechazos a lo largo y ancho del país. Hubo manifestaciones públicas de repudio de organismos de derechos humanos, como la agrupación HIJOS de Capital Federal, mientras que distintas seccionales del gremio Suteba (San Fernando, Lanús, Lomas de Zamora, Hurlingham, General Sarmiento) elevaron notas y escritos a las autoridades de los consejos escolares. Lo mismo hicieron desde la CTA de La Matanza. Entre otros términos, en las misivas señalan que el gobierno de la provincia debe respetar el artículo 14 bis de la Constitución nacional referente a los derechos de los trabajadores, por lo cual “la resolución resulta violatoria de las normas de raigambre constitucional”. Asimismo, el escrito señala que la normativa 142 “quiebra el sistema que hace al empleo público y pretende poner en riesgo a personal docente y equipos directivos”.

“Hacemos responsables al gobierno de la provincia de Buenos Aires, al señor director de la DGCyE, a sus funcionarios y toda persona que actúe conforme a esta resolución de los daños y perjuicios que ocasiones o puedan ocasionar”, añade la nota del SUTEBA.

Si bien Kelly del Moral renunció al directorio en 2007, cuando quedó en la mira judicial, existen sospechas de que podría seguir vinculado a la compañía. Ocurre que la sociedad cambió de directivos en reiteradas ocasiones, muchos de cuales serian testaferros (a punto tal que aparecen en los registros societarios nombre de jubilados de más de 80 años y hasta un humilde chofer). La responsable actual sería Griselda Yans, que también habría hecho negocios durante el mandato del polémico ex intendente porteño Carlos Grosso y accedió a contratos millonarios habilitados por distintos funcionarios del gobierno porteño durante la gestión de Mauricio Macri. Asimismo, tiene antecedentes por tener a su personal en negro y por haber despedido a casi 200 personas sin haberles pagado la correspondiente indemnización.

La sociedad Ambientación y Paisajismo, a su vez, emitió en los últimos años varias decenas de cheques sin fondos, tal como consta en los registros del Banco Central.

Las medida de fuerza del SOEME también alcanza a todos los institutos de la Secretaria de Niñez y Adolescencia, donde el gremio que conduce el ingeniero Marcelo Balcedo está denunciado una situación de “caos y colapso absoluto”, producto de que se encuentran alojados personas de hasta 23 años condenadas por asesinatos y violaciones, sumado a graves condiciones de insalubridad que ha provocado que se propaguen todo tipo de enfermedades infecciosas.

Rechazo del Consejo Escolar de La Costa

Los integrantes del Consejo Escolar del partido de La Costa también manifestaron su rechazo a la Resolución 142/16. Dijeron que “la educación es un derecho social” y “que no avalamos ningún tipo de acción que promueva, intencionalmente, enfrentamientos entre integrantes de nuestra comunidad  educativa”. Definieron que “no compartimos tomar medidas que sostenemos como violatorias de derechos constitucionales de los trabajadores. Es la Paritaria el ámbito legal donde los trabajadores resuelven sus conflictos”.