ESPIONAJE ILEGAL

Mesa Judicial bonaerense: piden indagar a Conte Grand

El representante legal de Hugo y Pablo Moyano solicitó la indagatoria del procurador general y de funcionarios claves de la gestión de María Eugenia Vidal, denunciados por espionaje y aprietes judiciales.

El doctor Daniel Llermanos, abogado de Hugo y Pablo Moyano, realizó una presentación ayer en la causa por espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri llevada por la Justicia federal de Lomas de Zamora, a cargo del juez Auge.

En la presentación se solicita la indagatoria del procurador Julio Conte Grand, del fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, del exsubsecretario de Asuntos Penitenciarios bonaerense Juan José Baric y del diputado provincial Alex Campbell.

Son considerados integrantes claves de una organización, con vínculos con la AFI macrista, para operar desde el Poder Judicial provincial contra el titular del gremio de Camioneros. Se trata de la “Mesa Judicial bonaerense” que, según la denuncia, formó parte de la organización para encarcelar a Moyano, en revancha a su oposición a la Ley de Reforma Laboral.

Según la presentación, “en el expediente está ya acreditado que existieron, como mínimo, cuatro sectores de inteligencia ilegal encargados de la persecución de la familia Moyano”.
Para Llermanos, la “Mesa Judicial bonaerense” trabajaba “a las órdenes de la AFI” para perseguir a los opositores.

El oscuro rol de Conte Grand

La presentación apunta además a uno de los personajes más nefastos durante la gobernación de Vidal y que aún sigue atornillado a su puesto, el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, quien es acusado por “apretar a jueces y fiscales”, realizar abuso de autoridad y, en el caso de Moyano, por encabezar una verdadera campaña de desprestigio a través de medios y periodistas porteños. Campañas y armados judiciales similares a los ocurridos en casos como los de Marcelo Balcedo, el “Caballo” Suárez y el “Pata” Medina durante la misma época.

Además, la defensa de Moyano remarca que “el fiscal general de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari, denunció en forma reiterada a Conte Grand y al fiscal Scalera, entre otras cosas, por otorgarle el procurador al fiscal facultades “extraordinarias”, como ponerlo a cargo de la Unidad de Delitos Complejos y Lucha contra el Crimen Organizado con la ilegítima finalidad de que allí se acumularan todas las causas de lawfare, excediendo “sus facultades constitucionales”.

Según la presentación: “Como exteriorización patética de esta alianza, el procurador Conte Grand violaba impúdicamente en radios y programas de TV los incisos 1 y 13 del artículo 21 de la ley 14.442”, ya que en su cargo solo está facultado para fijar las políticas generales del Ministerio Público, “resultando absolutamente interdicta la facultad de impartir instrucciones particulares a los fiscales”, resalta el escrito.

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En ese marco, el letrado remarca que Conte Grand aseguró en un canal de noticias que había “pruebas para que Moyano esté imputado y detenido”, al resaltar que se trataba de “una clara maniobra de coacción preventiva hacia los funcionarios judiciales de Lomas de Zamora con incumbencia en el proceso”.
Además, repasa el “apriete” que recibió el juez Carzoglio para que detuviera a Pablo Moyano, en un hecho inédito que denunció el propio magistrado, señalando a Conte Grand como ejecutor de esa acción. Y, en ese sentido, también recuerda la instalación de cámaras y micrófonos en la cárcel de Romero, preparada para recibir al dirigente sindical.

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