Milei anuncia la desclasificación de archivos mientras desmantela áreas de investigación

En el 49° aniversario del golpe cívico-militar, el Gobierno de Javier Milei anunció la desclasificación de archivos sobre el accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura. El anuncio, presentado como un compromiso con la transparencia, genera preocupación entre organismos de derechos humanos, que advierten que se inscribe en una política más amplia de desmantelamiento y relativización de los crímenes de lesa humanidad.

La medida llega meses después de que el ministro de Defensa, Luis Petri, disolviera los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA), creados en 2010 para recopilar pruebas utilizadas en juicios por delitos del terrorismo de Estado. Estos equipos aportaron más de 170 informes fundamentales en causas judiciales, y su eliminación fue calificada por 36 fiscales federales como un retroceso en el acceso a la verdad y la justicia.

Además, el Gobierno cerró la Mesa conjunta sobre documentación de inteligencia, espacio creado en 2021 que permitía el análisis de archivos con la participación de organismos de derechos humanos. Esta decisión, sumada a los despidos de personal especializado, pone en duda la capacidad real del Estado para realizar una desclasificación rigurosa. “Es una puesta en escena vacía: echaron a quienes podían analizar los documentos”, señalaron desde el Espacio de Memoria y Derechos Humanos de la ex ESMA.

En paralelo, el Ejecutivo impulsa una reinterpretación de los crímenes de lesa humanidad al reconocer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el asesinato del capitán Humberto Viola y su hija en 1974 como tales, pese a que la Justicia argentina ya se pronunció en sentido contrario. Esta iniciativa se inscribe en el discurso de “memoria completa” que equipara las acciones de organizaciones insurgentes con el plan sistemático de represión estatal, un enfoque que retoma argumentos de la última dictadura cívico-militar.

Cabe destacar que un gobierno no tiene la facultad de tipificar delitos ni de modificar su calificación jurídica. Los crímenes de lesa humanidad, según el derecho internacional, son aquellos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, con conocimiento de dicho ataque. En este caso, los hechos fueron juzgados por la justicia argentina, que identificó a los responsables del atentado contra la familia Viola, quienes fueron detenidos entre febrero y abril de 1975, condenados a reclusión perpetua y posteriormente amnistiados.