Milei pretende cortarle el agua a 700.000 usuarios

Con Javier Milei, la nueva doctrina del equilibrio fiscal llega poco a poco a cada rincón del Estado nacional, sin importar que eso implique la vulneración de derechos humanos, como el acceso al agua potable.

En este sentido, en las últimas horas trascendió que el Gobierno nacional pretende que la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) funcione con los mismos criterios que las compañías privadas de distribución de energía y, por ende, se le corte el servicio a las personas que no pagan la factura. De ser así, se le interrumpiría el suministro de agua potable a 700.000 familias.

Según publicó el periodista acreditado en Casa Rosada, Alan Longy, desde el lunes los usuarios de AySA con atrasos en sus pagos recibirán por carta y correo electrónico el aviso del inminente corte de suministro. Esto introduce un nuevo paradigma, ya que hasta ahora se priorizaba el acceso al agua potable de las personas bajo el concepto de servicio público vital brindado por la ex Aguas Argentinas.

Con la llegada de la administración libertaria, la orden para la dirección de AySA fue que funcione con los mismos criterios que las firmas de distribución de energía. “Si no pagás la factura de Edenor o Edesur, te cortan la luz, acá tiene que pasar igual”, indicaron desde la empresa.

La medida se tomó luego de un nuevo incremento de tarifas, que fue acompañado de un programa de facilidades de regulación de deuda. En este camino, AySA registró que existen 700.000 usuarios morosos que deberán normalizar su situación en diferentes planes de cuotas o la condonación de todos los intereses para evitar el corte del servicio.

Cabe destacar que esta nueva disposición se conoce en el marco de un incremento del servicio de agua potable del 305% en lo que va del año frente a una inflación que no llegó aún al 110%. Así lo reveló el último estudio del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA y el Conicet, que agregó que una familia tipo necesita $134.173 para afrontar el pago de servicios básicos sin subsidios, lo que representa el 15% de un salario promedio registrado.

En tanto, el nuevo aumento será del 3% y se aplicará a partir de la factura de diciembre.

“En el caso de registrarse deuda en un inmueble, según el marco regulatorio vigente, AySA está facultada para restringir o cortar el servicio por falta de pago”, remarcaron desde la empresa.

Al mismo tiempo, detallaron: “Para usuarios residenciales solo se permite la restricción del suministro, garantizando un caudal mínimo de agua por conexión. En cambio, para usuarios no residenciales, el corte del servicio puede realizarse de manera total. En ambos casos, las acciones se tomarán previa notificación y agotadas las instancias de reclamación establecidas en la normativa”.

AySA es una de las firmas habilitadas por el Congreso a través de la Ley Bases para su privatización. En consecuencia, desde la administración libertaria aseguran que debe ser “normalizada” para que esté en condiciones de ser entregada al capital privado.