Otra acusación contra la Corte por haber mantenido a Highton después de los 75 años

Una asociación por los derechos sociales sumó su propio pedido de juicio político contra los magistrados Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

a Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales (Exigir) se sumó a los pedidos de juicio político a dos de los jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, por presunta connivencia con el gobierno de Cambiemos para para que la exjueza Elena Highton de Nolasco permaneciera en el máximo tribunal después de cumplir los 75 años de edad.

Esa situación generó una causa penal que el juez Ariel Lijo, con intervención del fiscal Carlos Stornelli, archivó a fines de 2021.

No obstante, la ONG Exigir invocó la causal de “mal desempeño o –en su caso y de corresponder– por delito en el ejercicio de sus funciones” a raíz de aquella su­puesta maniobra.

Según la denuncia, presentada ante la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, los jueces Lorenzetti y Rosenkrantz “se valieron de información privilegiada para beneficiar a la exjueza Elena ­Highton en el trámite del expediente Schiffrin, en connivencia con el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, a través del secretario de Justicia, Santiago ­Otamendi”.

Otamendi es hoy juez del Tribunal Superior de Justicia porteño, la máxima instancia judicial de la Capital Federal.

Highton inició una acción de amparo apenas cumplió 74 años de edad, cuando ya estaba a estudio de la Corte un planteo del juez Leopoldo Schiffrin para continuar siendo magistrado después del límite etario de los 75 años.

La exjueza obtuvo un fallo favorable de primera instancia; el gobierno de Cambiemos no lo apeló y, poco después, la Corte sacó el “fallo Schiffrin”, que obligó a todos los jueces a jubilarse al cumplir los 75 años de edad.

Lorenzetti y Rosenkrantz “retuvieron el expediente que obligaría a Highton a jubilarse, y congeniaron con ella que iniciara un amparo antes de tiempo, y que la sentencia obtenida en dicho amparo no fuese apelada por el Ministerio de ­Justicia a cargo de Garavano justo un mes antes de que la Corte ­dictara el fallo Schiffrin”, sostiene la denuncia.

Y subraya que “se manipularon los tiempos del máximo tribunal de la Nación en una causa judicial con el solo fin de beneficiar a uno de sus miembros y al gobierno nacional de turno, prorrogando el mandato de una jueza por fuera de los mecanismos constitucionales previstos expresamente a tal fin”.

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