Otra prueba que compromete más a Macri y sus funcionarios

Se trata de un documento que confirma que en noviembre de 2019 se le ordenó a un oficial de la Fuerza Aérea Boliviana “recoger” 40.000 municiones antitumulto que habían llegado desde la Argentina.

Según se reveló en las últimas horas, el oficial de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Wilfredo Chura Condori detalló que ese día se recogieron de un hangar del aeropuerto de El Alto “40.000 municiones antitumulto, 50 granadas de gas, 19 granadas de gas, 52 granadas de gas, como también 18 sprays lacrimógenos MK9 y 5 sprays MK4”.

En otro apartado del texto, el oficial de la FAB relata que se constituyó para “el recojo del material antidisturbios” por indicación de dos superiores, el subjefe del Departamento IV-Logística del Estado Mayor General de la FAB, coronel Oscar Gutiérrez, y del jefe de la sección de Material Bélico, Mario Suárez Melgar.

Luego, Chura Condori aseguró que el cargamento “se trasladó al Almacén Central de Material Bélico con la presencia del subjefe del departamento” y allí “se procedió a levantar un registro del material antidisturbios” que había llegado desde Argentina y que provenía de unas partidas producidas por la empresa estatal Fabricaciones Militares.

Este documento constituye una prueba más en la que se demuestra que en la madrugada del 13 de noviembre de 2019 fuerzas armadas y de seguridad de Bolivia recibieron elementos represivos desde Argentina en el avión Hércules C-130 que trasladó a La Paz a un contingente de once efectivos del grupo Alacrán de Gendarmería. Asimismo, podría incluirse en la causa judicial que involucra a Mauricio Macri, a su exministra de Seguridad Patricia Bullrich y al exministro de Defensa Oscar Aguad, además de oficiales de Gendarmería Nacional.

Ese avión también transportó 70.000 municiones antitumulto, de las cuales 40.000 quedaron en manos de la FAB, mientras que otras 26.900 fueron recibidas por la Policía boliviana, por lo que aún resta saber qué ocurrió con los 3.100 cartuchos restantes, datos que surgen de la investigación administrativa que viene realizando el actual gobierno de Bolivia, a cargo de Luis Arce.

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