Presunto fraude electoral en Maipú y fuertes cuestionamientos en Olavarría

Los municipios son la instancia del Estado más cercana a los ciudadanos. En teoría, esto debería significar que son la más transparente y la más permeable a los reclamos y necesidades de los habitantes de los respectivos distritos. Sin embargo, algunas novedades recientes, relativas a municipios bonaerenses gobernados por la coalición opositora Juntos, permitieron ver que también las administraciones municipales tienen su lado oscuro.

En Maipú, la Justicia procesó al intendente, Matías Rappallini, y a otras siete personas por presuntas maniobras electorales fraudulentas; en Olavarría, mientras avanza una causa judicial por operaciones irregulares con terrenos, ahora estalló la polémica por un concejal que actuaría como proveedor de la comuna; y en Campana, el Frente de Todos (FdT) denunció contrataciones “oscuras”.

El DNI o el trabajo

El caso más grave de todos es, quizás, el que llevó al juez federal platense Alejo Ramos Padilla a procesar al intendente de Maipú y a otras siete personas esta semana. Ocurre que se trata de una presunta maniobra fraudulenta relacionada con las elecciones, instancia fundamental para el sistema democrático. Ramos Padilla encontró elementos suficientes para dictar esa medida ante los indicios de que estas personas se habrían involucrado en un grave delito, consistente en “inducir a electores con engaños a abstenerse de sufragar, ello en forma sistemática y reiterada”.

En base a más de una veintena de testimonios, Ramos Padilla determinó que los imputados les habrían retenido el Documento Nacional de Identidad (DNI), esencial para ejercer el voto, pocos días antes de las elecciones generales de 2019. Generalmente lo habrían hecho a cambio de entregar dinero, alimentos u otros beneficios, pero en el caso de los trabajadores de

la cooperativa municipal, la modalidad era diferente: se los amenazaba con que “en caso de no entregar sus DNI, perderían su trabajo”, relató el juez.

Uno de los procesados, el expolicía Franco Miluzzi, que admitió haber retenido 360 documentos, dijo textualmente: “Yo lo que tenía que hacer era que la gente lo votara a Rappallini. Los DNI que juntá­bamos se los daban a él. El intendente quería juntarlos antes de las elecciones”.

El candidato del Frente de Todos, Facundo Coudannes, había pedido que se impugnaran los comicios ante las denuncias de fraude, pero la Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó el reclamo. Rappallini resultó vencedor por un margen de apenas 62 votos.

Cuando se anunciaron los siete procesamientos, Rappallini dijo que la denuncia “es a todas luces falsa y mentirosa”. Pero el juez lo procesó también a él y sigue avanzando en la investigación: en los últimos días ya citó a declarar a otras 36 personas.

En Olavarría, doble sospecha

El intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, también tuvo un dolor de cabeza en el terreno judicial. La fiscal Paula Serrano investiga supuestas maniobras irregulares en la venta de lotes municipales, tal como informaba diario Hoy el 18 de junio. Se trataría de cerca de un centenar de estafas por $800.000 cada una. Hay cuatro personas imputadas, entre ellas un asesor de Galli y un puntero territorial de Juntos.

Esta semana, la fiscal contó que hay entre 30 y 40 denuncias formalizadas y que se sigue sumando “más gente”.

“Todos se confiaron y entregaron dinero. Algunos tienen el terreno, han construido y están viviendo, y otros no tienen nada”, precisó la funcionaria judicial.

El presidente del bloque del FdT en la Cámara de Diputados bonaerense, César Valicenti, dijo que es claro que hubo “un acto delictivo” y que “el municipio tuvo una primera posición pública, que fue la de no hacerse cargo del tema”. Luego, se habló de un intento de “desgaste” de la gestión de Galli por parte de Serrano. “No creo que la fiscal quiera desgastar al intendente; acá hay una realidad que desgasta”, dijo Valicenti en diálogo con un medio olavarriense.

Pero además, el jefe comunal quedó en el ojo de la tormenta también por otra causa. Ocurre que se descubrió que un concejal de Juntos, Javier Frías, fue a la vez proveedor del municipio. Es propietario de una empresa de panificados que le habría vendido mercadería a la comuna por unos $2.000.000 mientras él cobraba simultáneamente su sueldo como edil. El bloque del FdT en el Concejo Deliberante pidió que Frías sea apartado del cuerpo, además de realizar una presentación ante la Justicia.

Contrataciones “oscuras” en Campana

Otra denuncia de un bloque de ediles del FdT, en este caso en Campana, sembró inquietud por maniobras que podrían resultar poco claras por parte del municipio, que gobierna Sebastián Abella.

En efecto, los concejales peronistas presentaron un pedido de informes por lo que calificaron como una “contratación oscura” para el programa municipal de Políticas de Transparencia. Se trata de Leonardo Szuchet, quien trabajara estrechamente con Claudio Avruj, exsecretario de Derechos Humanos del gobierno de Mauricio Macri (el mismo Avruj que, cuando ocupaba ese cargo, tuvo un fallido espectacular al decir “me gustaría tenerlo de vecino a Etchecolatz”, por Miguel Etchecolatz, el recientemente fallecido represor de la dictadura).

Los ediles del FdT indicaron que Szuchet es una persona que “jamás vimos”, dándole así un significado adicional a lo de la transparencia.

La concejal Paola Garello dijo en una entrevista que hay “una cuestión sistemática de contrataciones oscuras o a decreto que viene sosteniendo el intendente Sebastián Abella”. Citó el caso de Carlos Lorenzatti, exmiembro del tristemente famoso Batallón 601, que también fue contratado por el municipio, del cual cobró más de $2.000.000.