Procesan a un juez de la dictadura

El exjuez federal Manlio Torcuato Martínez fue procesado, acusado de prevaricato y encubrimiento al no haber investigado la muerte de dos hermanos docentes y gremialistas, quienes fueron asesinados por la Policía el 24 de marzo de 1976 en Tucumán.

El magistrado Fernando Luís Poviña, a cargo de la primera instancia de la Justicia Federal de Tucumán, sostuvo que el exjuez Martínez habría incurrido en los delitos de “prevaricato y encubrimiento” con respecto al crimen de los docentes y hermanos Francisco Isauro Arancibia y Arturo René Arancibia.

Poviña resolvió, además, un embargo de $200.000 sobre los bienes del procesado y le prohibió salir del país.

En tanto, dispuso prisión preventiva domiciliaria a los expolicías Mario Roberto Escalada, Jorge Daniel Ragonese y Ricardo Sánchez, sindicados como los presuntos autores de los asesinatos, y embargos por la suma de 1 millón de pesos a cada uno.

Según señaló el juez Poviña, “el 24 de marzo de 1976, las fuerzas policiales irrumpieron en el inmueble donde funcionaba la Agremiación Tucumana de Trabajadores de la Educación Provinciales (ATEP), ubicada en la calle Congreso, altura 295 de la ciudad de San Miguel de Tucumán”, donde se encontraban los docentes Arancibia.

“Luego de un presunto intercambio de proyectiles de armas de fuego, Escalada, Ragonese, Sánchez, Carlos Antonio Neme, Félix Roberto Heredia, Julio Vicente Coria, Arturo José Vázquez, Dulio César Figueroa y Luciano Antonio Rodríguez produjeron la muerte de los Arancibia. Los hermanos resistieron al ataque con escopetas de caza y antes de morir, ultimaron al sargento Primero Luis Faggioli”, según consigna el expediente instruido por Martínez en tiempos del terrorismo de Estado.

El exjuez federal “omitió realizar medidas de pruebas para el descubrimiento de la verdad, no investigó el motivo del allanamiento por parte de la Policía en la sede de ATEP, o en su caso, si hubo una orden judicial para tal efecto; no efectuó el reconocimiento del lugar de los hechos, ni consultó los planos para corroborar o no la versión de los agentes policiales brindada en el acta” (labrada por el hecho), enumeró Poviña.

Tampoco “recepcionó una declaración testimonial de ninguno de los firmantes del acta, no investigó si hubo testigos ajenos a las fuerzas policiales; no practicó autopsia para el caso de muerte violenta y extrañas circunstancias; no efectuó peritación alguna ni inventario de armas secuestradas; no convocó a un perito balístico para determinar la trayectoria de los proyectiles y específicamente para determinar de qué armas partieron las balas que mataron a los Arancibia y a Faggioli”, añade la resolución.

El exjuez Martínez “solo se valió de la prueba producida por la Policía” involucrada en el crimen de los hermanos, lo que perfecciona “el delito de prevaricato de manera instantánea”, señaló Poviña tras lo cual argumentó que “de esta manera Martínez logró encubrir la responsabilidad penal de los coautores del homicidio agravado”, mientras estos prestaban funciones en la fuerza policial.