Procesaron a Nicolás Carrizo por tenencia de DNI ajeno

La Cámara Federal de San Martín confirmó la validez del procesamiento a uno los tres detenidos por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gabriel Carrizo, en otra causa penal que se le abrió por tenencia de documentos de identidad ajenos en su domicilio.

Los DNI con otras identidades se encontraron durante un allanamiento a una vivienda donde residía, en el marco de la investigación del intento de magnicidio del 1 de septiembre pasado, y se abrió por ello otra causa penal ante un juzgado de Morón.

En ese marco, el sindicado líder del grupo de vendedores de copos de azúcar quedó procesado en el juzgado federal 3 de Morón por tenencia de documentos de identidad ajenos. La defensa de Carrizo pidió la nulidad de esta resolución porque no se le habría dado oportunidad de ejercer su defensa.

Pero el Tribunal de Apelaciones de San Martín rechazó el planteo y sostuvo que Carrizo fue indagado por este delito, se negó a declarar e informó que presentaría un escrito de descargo, algo que no hizo. Al transcurrir el plazo previsto para tomar una decisión luego de una indagatoria, quedó procesado en el caso.

Carrizo está detenido al igual que el autor material del intento de asesinato de la Vicepresidenta Fernando Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte por orden de la jueza federal porteña María Eugenia Capuchetti.

En su caso está procesado como supuesto partícipe secundario del hecho, aunque la querella de la Vicepresidenta reclama que se agrave su situación procesal al considerar que también actuó como coautor.

Los camaristas de San Martín Marcos Morán, Juan Pablo Salas y Marcelo Fernández rechazaron el planteo de nulidad del procesamiento en la causa penal por tenencia de DNI ajenos en uno de los domicilios donde residía Carrizo y que fue allanado.

"Se advierte que el imputado tuvo oportunidad de ejercer su defensa al ser convocado a declaración indagatoria, manifestando en ese momento que, por consejo de su abogado, presentaría su descargo por escrito, derecho que hasta el momento no ha ejercido", concluyeron los jueces.

Los magistrados consideraron además que "no se advierte lesión a garantía constitucional alguna" como así tampoco "vulneración alguna a normas procesales o violación a garantías constitucionales".

Carrizo era quien según la investigación que se lleva adelante en Comodoro Py 2002 lideraba al grupo de vendedores de copos de azúcar callejeros que integraban Sabag Montiel y Uliarte.