Rechazan suspender los convenios de Larreta con el sector privado para la vacunación

El magistrado subrogante del Juzgado n° 19 del Fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la ciudad de Buenos Aires, Lisandro Fastman, resolvió rechazar hoy la medida cautelar solicitada por una abogada, a raíz del cronograma de vacunas establecido por el gobierno que conduce Horacio Rodríguez Larreta y los convenios con el sector privado.

La mujer argumentó que vive en territorio porteño, que está próxima a cumplir 65 años de edad y padece de asma grave, lo que la coloca en la denominada población de riesgo. Además, sostuvo que los convenios son inconstitucionales y discriminatorios.

“El objetivo del plan es disminuir la morbilidad, mortalidad y el impacto socioeconómico causados por la pandemia de Covid-19 en Argentina, a partir de la vacunación de la totalidad de la población objetivo en forma escalonada y progresiva, de acuerdo con la priorización de riesgo y la disponibilidad de dosis de vacunas”, sostuvo el magistrado.

Asimismo, según el juez, la resolución del Ministerio de Salud de la Nación dispone que “la vacuna será provista por el Estado nacional para todos los que integren la población objetivo definida, independientemente de la cobertura que tengan”, y que “se puede establecer un esquema de priorización para la organización de la vacunación de la población objetivo, considerando que la vacunación será coordinada desde el sector público con articulación intersectorial que incluye al sector privado, la seguridad social, alcanzando a toda la población que habita en el país”, enfatizó el juez.

En este marco, Fastman indicó que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió a la estrategia de vacunación diseñada por la autoridad sanitaria nacional y dispuso las etapas de vacunación empezando por personal de salud, luego vacunando a los adultos mayores de 80 años y después a los abuelos de más de 70 años. El magistrado añadió que la abogada tiene derecho a ser vacunada, pero no en esta etapa, ya que entraría recién en el cuarto grupo de personas.

Por otra parte, “es el propio Ministerio de Salud de la Nación el que previó la posibilidad de articular convenios con el sector privado y de la seguridad social”, por lo que no habría ilegalidad ni “elementos probatorios que den cuenta de la alegada arbitrariedad manifiesta en el obrar de la administración porteña en el punto que aquí se cuestiona”, concluyó el juez.

En tanto, continúa su curso la causa que investiga el fiscal Carlos Stornelli por la ­privatización de la vacunación contra el coronavirus en el distrito, luego de que se suscribieran convenios para entregar dosis a obras sociales y empresas de medicina prepaga para uso exclusivo de sus afiliados. La semana pasada, el juez Ariel Lijo ordenó allanar el Ministerio de Salud porteño, mientras que su titular, Fernán Quirós, y Larreta quedaron formalmente imputados.