Represión en Jujuy: cómo sigue la situación en la provincia

La situación en la provincia de Jujuy continúa siendo tensa, con cortes indefinidos, reclamos y pedidos de Justicia para las víctimas de la represión que llevó a cabo la Policía de Gerardo Morales el pasado 20 de junio. En tanto, el gobernador sostiene una postura irreversible: sigue manifestando su intención de reformular la Constitución en la provincia y culpando al Gobierno nacional por los hechos ocurridos.

El último viernes, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante en la causa en la cual se deberán investigar las responsabilidades de la violenta represión y sus consecuencias (como las lesiones gravísimas a personas que incluso han perdido alguno de sus ojos), “asumiendo las obligaciones internacionales del Estado argentino”, indicaron.

Cabe recordar que el pasado 20 de junio, ante la represión llevada a cabo por el gobernador Gerardo Morales, la CIDH había llamado la atención al Estado argentino exigiendo “respetar el derecho a la libertad de expresión y los estándares interamericanos del uso de la fuerza”, como también “llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en el que se respeten los derechos sindicales y de los pueblos originarios”.

En ese marco, la CIDH agregó que “en cuanto a los cortes de ruta, se recuerda al Estado que estos son modalidades legítimas y protegidas por el derecho a la protesta. Es necesario que se tolere que las manifestaciones puedan generar cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana, por ejemplo, con relación al tráfico y las actividades comerciales, a fin de no privar de su esencia al derecho de reunión pacífica”.

Por su parte, Naciones Unidas exhortó al Estado a “investigar con premura todo indicio de violaciones de derechos en el contexto de las manifestaciones contra la reforma constitucional en Jujuy. Pero también deben redoblar sus esfuerzos para promover el diálogo y reducir las tensiones, abordando las causas profundas de las protestas y evitando cualquier retroceso en términos de derechos humanos”.

“Lejos de tan claras advertencias que fueron informadas por el Estado nacional a fin de que la provincia de Jujuy cese con las violaciones a los derechos humanos, el gobierno provincial acaba de anunciar la profundización de la criminalización de las protestas, con penas llamativamente expeditivas a personas que estaban ejerciendo sus legítimos derechos”, explicaron desde la Secretaría. Y continuaron: “Tan

preocupante como eso es que el Poder Judicial provincial cumpla siempre al pie de la letra lo que el Poder Ejecutivo se adelanta en anunciar, dejando en evidencia la absoluta falta de independencia entre poderes”.

A contramano de las expeditas sanciones contravencionales a quienes ejercían sus legítimos derechos, el Ministerio Público de la Acusación no informó ninguna medida concreta sobre la denuncia penal presentada por la Secretaría, la cual, en coincidencia con las recomendaciones de la CIDH y Naciones Unidas, solicitó que se investigue a los responsables de las violaciones a los derechos humanos en las represiones, considerando los disparos a los ojos, las detenciones arbitrarias, los allanamientos ilegales, la actuación de policías de civil infiltrados, entre otras. Sobre esta investigación no hay información acerca de ningún avance.

“El Estado argentino es mundialmente reconocido por ser un ejemplo de defensa de los derechos humanos. Esa construcción, que nos debe generar orgullo, no puede ser dañada por acciones irresponsables e ilegales de un gobierno provincial”, advirtieron sobre las medidas impulsadas por el gobernador Gerardo Morales y las consecuencias que estas generan a nivel nacional y mundial.

Pero lejos de oír a los organismos internacionales y nacionales, Morales despliega fuertemente su autoritarismo y amenaza con penalizar las protestas que se oponen a su poder. En tanto que, desde el espacio que nuclea a gremios, pueblos originarios y organizaciones sociales y gauchas de Jujuy, quienes se oponen a la reforma constitucional provincial, aseguran que el gobierno local difunde listados de quienes participaron de las protestas con multas contravencionales “sin derecho a defensa ni a la privacidad”.

“La Justicia de Morales intimida públicamente con sentencias exprés, sin derecho a defensa ni a la privacidad”, denunciaron desde el espacio en alusión a unas primeras ocho sentencias, con multas de hasta más de dos millones de pesos, que dictó el Juzgado Administrativo Contravencional de Jujuy y fue difundido por los canales oficiales del gobierno local. “Entre los manifestantes hay un joven con retraso madurativo al que le impusieron casi un mes y medio de trabajos comunitarios”, remarcaron sobre la resolución de la Justicia Contravencional de Jujuy y apuntaron que es una dependencia administrativa del Poder Ejecutivo a cargo de Morales y no pertenece al Poder Judicial.

De esta manera, lejos de resolverse el conflicto, la Justicia deberá investigar no solo la sangrienta represión del 20 de junio, sino también las acciones que continúa ejerciendo el gobernador sobre la comunidad.