Revés para “La Morsa”: continuará procesado por la causa Qunita

La Justicia rechazó el planteo de nulidad presentado por el exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Tras el fallo del juez Claudio Bonadio, el exfuncionario adujo no saber de qué se lo acusaba. Tal como reveló Hoy, el escándalo por sobreprecios y licitaciones direccionadas en el programa maternal tuvo entre sus beneficiarias a cuatro empresas platenses

Aníbal “La Morsa” Fernández continuará procesado en el marco de la causa por el Plan Qunita, un escándalo con todos los sellos de la corrupción K, que incluyó sobreprecios y licitaciones direccionadas para beneficiar con un total de $1100 millones a distintas empresas a las que, sin tener experiencia en el rubro maternal, el Estado les delegó la construcción de 150 mil kits para embarazadas y recién nacidos. 

“Fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, fueron los cargos que el fallo del juez, Claudio Bonadio, enumeró contra “La Morsa” y la veintena de exfuncionarios procesados, entre ellos, el ex ministro de Salud, Juan Manzur (ahora gobernador de Tucumán) y su sucesor, Daniel Gollán, justamente por entender que hubo sobreprecios en las compras que hizo el Estado, y por irregularidades en las licitaciones. Para Bonadio, la oferta fue dirigida por los funcionarios públicos para beneficiar con millonarios contratos a empresas que no tenían experiencia en negocios similares.

La defensa del exjefe de Gabinete apeló la resolución ante la Sala II del tribunal de alzada, e intentó anular la causa diciendo que los hechos no estaban bien descriptos y que por lo tanto su cliente no sabía de lo que se lo acusaba. Pero la Justicia rechazó esa petición: “No se habrá de compartir el planteo invalidante de la defensa de Fernández, por cuanto de la lectura del dictamen fiscal aludido se desprende que de forma sencilla y provisoria describe suficientemente los hechos -sin poder identificar fehacientemente a los imputados- de conformidad con el precario grado de conocimiento que caracteriza este estado inicial del proceso”, sostuvo el Tribunal.

No obstante, el hombre también sospechado de ser el autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez dice no entender las acusaciones en su contra; no saber que se lo imputa por un negociado que, además de haber saqueado las arcas estatales, significó un riesgo para miles de bebés, que recibieron del Estado cunas precarias e “inseguras”, según determinó el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Lo que reveló Hoy

Cómo se recordará, estas irregularidades fueron denunciadas por la legisladora porteña Graciela Ocaña y el escándalo tuvo su impacto en La Plata, donde, tal como reveló Hoy, cuatro de las empresas beneficiadas por la licitación tenían domicilio legal. Las mismas eran fantasmas (al no contar con una sede) o funcionaban en locales extremadamente pequeños, sin capacidad para prestar servicios por 120 millones de dólares para la construcción de kits maternales.

Para esas compañías, que en 2014 declararon ganancias irrisorias, su ingreso al programa K significó un salto de hasta el 3.675% en sus balances. Las beneficiarias con domicilio legal en La Plata eran: Delta Obras y Proyectos S.A. (que recibió del Estado $29.991.000), Compañía Comercial Narciso S.R.L ($29.760.500), Grupo Diela S.R.L ($39.780.000) y Dromotech S.A. ($49.984.000). Excepto Diela, que se presentaba como una pequeña tienda de indumentaria deportiva en la calle 48, todas eran casas de familias, sin apariencia comercial ni identificación en su fachada. 

Este material fue aportado por Ocaña en la causa iniciada tras su denuncia y por la que el juez Bonadio resolvió los procesamientos contra los exfuncionarios K. 

Desfile de exfuncionarios K en Tribunales

Al notificarse de su procesamiento en Tribunales, “La Morsa” no sólo se cruzó con el juez federal Claudio Bonadio, a quien saludó mano a mano, sino también con otro ex funcionario kirchnerista, Alejandro Vanoli, ex presidente del Banco Central y ex titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), procesado junto al ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, por Bonadio, en el marco de una investigación por abuso de autoridad.

En esa pasarela judicial faltaron, no obstante, otros exfuncionarios K procesados en los últimos días: el extitular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, acusado por “violación de secretos” y “usurpación de autoridad”; el exvicepresidente, Amado Boudou, cuyo última acusación tiene que ver con un delito por dádivas que involucra al empresario platense Marcelo Scaramellini; y el exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, condenado a prisión por la tragedia de Once y por dádivas e investigado por enriquecimiento ilícito, entre otras causas.

Faltó, también, el clan K, investigado por presunto lavado de dinero en la causa Hotesur.

Cuando estén todos será un lindo desfile.