Asesinaron a un compañero y lo hicieron pasar por suicidio

Cinco obreros atacaron a otro, le provocaron pérdida de masa encefálica y denunciaron que, deprimido, se habría arrojado al río. Las pericias fueron claves.

Un albañil de 40 años fue hallado muerto en el delta de San Fernando y por el homicidio fueron detenidos sus cinco compañeros de trabajo. Ellos habían denunciado que la víctima había tenido una crisis y se había arrojado al río, aunque la autopsia reveló que entró muerto al agua y que tenía el cráneo fracturado de un golpe.

Si bien trascendió ayer, la investigación por el asesinato de Juan Orlando Aguilar (40) se inició el 5 de este mes, pero como una causa de “averiguación de ilícito” a raíz de un llamado al 911.

Aguilar trabajaba junto a otros cinco albañiles en la refacción de una escuela y jardín de infantes de las islas, pero para evitar los traslados diarios, toda la cuadrilla vivía en una casilla ubicada en una isla cercana a la obra, próxima a su intersección con el arroyo Durazno, en el muelle llamado El Ceibo.

Hasta allí se trasladó personal policial y se entrevistó con uno de los trabajadores, Rolando Cáceres (47), quien contó que en horas de la madrugada su “primo”, Aguilar, estando ebrio y deprimido, tuvo una crisis. Arrojó gasoil en la casilla con las supuestas intenciones de prenderla fuego, y luego se arrojó desde el muelle al río, donde lo perdieron de vista.

Desprendimiento óseo

El primer fiscal que intervino, Marcelo Fuenzalida, de la UFI Correccional de San Fernando, ordenó la realización de rastrillajes por parte de personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y tres días más tarde, el 8 de octubre, se halló el cadáver en el agua.

El médico de policía que lo revisó en el lugar observó, pese al estado de putrefacción, que presentaba una lesión perforante y una fractura en el cráneo.

“Las claves de la investigación fueron la autopsia y el trabajo de Policía Científica en la escena del crimen”, dijo una fuente judicial.

Es que, por un lado, los médicos forenses determinaron que Aguilar había sido asesinado de un golpe en la cabeza “con un objeto duro, pesado y animado con velocidad”, que le fracturó el cráneo y le produjo desprendimiento óseo y pérdida de masa encefálica.

Además, los expertos explicaron que el albañil había entrado ya muerto al río, puesto que no había agua en los pulmones ni el denominado “hongo de espuma” en las vías respiratorias, dos signos característicos de quienes mueren ahogados.

Los peritos de la Policía Científica analizaron la casilla de los albañiles y detectaron manchas y proyecciones de sangre en algunos ambientes.

Al tratarse de un homicidio, Fuenzalida delegó la causa en su colega Martín Otero, de la UFI Criminal de San Fernando, quien, junto a los detectives de la Sub DDI de San Fernando, recolectó los indicios y pruebas suficientes para detener a los cinco albañiles.

El móvil, un misterio

“Las versiones que dieron al llamar al 911, las que les contaron a los policías que llegaron a la isla y las que les dijeron a los familiares de la víctima son contradictorias. Quedaron en evidencia de que estaban mintiendo”, dijo un investigador judicial.

Explicó que hay dos hipótesis sobre el gasoil derramado en la cabaña: o lo arrojó la víctima por algún conflicto, o fueron los mismos imputados quienes intentaron borrar rastros del lugar donde presuntamente cometieron el crimen.

Otero solicitó el viernes las detenciones de los cinco sospechosos, lo que fue avalando y ordenado por el juez de Garantías 4 de San Isidro.

Además del ya mencionado Cáceres, que es de nacionalidad paraguaya, los otros cuatro detenidos de la causa fueron identificados como Facundo Maidana (26), Alan Mendoza (18), Horacio Gauna (35) y Jean Michel Escoseres González (35), de nacionalidad uruguaya.

Si bien Cáceres dijo que la víctima era su primo, la Justicia luego determinó que ni él ni el resto de los sospechosos tenían lazos de parentesco con Aguilar y solo le decían así a modo de apodo.

Los cinco quedaron imputados por el delito de “homicidio simple”, delito que prevé una pena de 8 a 25 años de cárcel.

Portavoces judiciales confirmaron que, asesorados por sus defensores, los cinco acusados del asesinato se negaron a declarar ante el fiscal.

El móvil del crimen aún es un misterio para los investigadores, aunque un familiar de la víctima declaró que unos días antes Aguilar había peleado con algunos de sus compañeros de trabajo.

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