Detalles del caso de la abogada del fuero penal por falsa denuncia de violencia de género

La semana pasada presentamos un caso que ya está dando que hablar a los tribunales platenses. Se trata de la Dra. Brenda Ponce, trabajadora del fuero penal que, al no lograr acordar los abogados las condiciones económicas de su divorcio, denunció el relato inverosímil de haber recibido feroces golpizas durante 25 años de parte su marido, sin testigos y en el interior de su domicilio. Esta versión fue luego desmentida categóricamente por el testimonio de sus propios hijos, la doméstica que trabajó 6 años en el domicilio y la novia del hijo mayor.

La funcionaria denunció lesiones leves con moretones en la manos para posicionarse desde una perspectiva de género, y así por intermedio de un juzgado de familia excluir a su excónyuge del hogar. Inició 3 días después, ante ese mismo juzgado el divorcio unilateral que ya tenía preparado de antemano con su abogado. De esa forma tramitó su divorcio con todos los bienes del matrimonio en su poder y haciéndose además, de todos los ahorros familiares en dólares que habría en el domicilio.

Todo ello consta en grabaciones realizadas por sus propios hijos indignados por la situación, las mismas obran en la causa penal y fueron escuchadas por el fiscal personalmente en las audiencias. No obstante ello, y a raíz de una investigación que viene realizando un equipo de periodistas y profesionales especializados en materia de violencia, se pudo averiguar que la Dra. Brenda Ponce cuando trabajaba en el ámbito de las fiscalías de La Plata fue secretaria y mano derecha del exfiscal mediático Fernando Cartasegna. Tan es así que cuando este tuvo el problema del supuesto atentado, fue a la primera que llamó y acudió a su rescate.

Lo relevante es que, cuando estuvo en ese cargo, en la UFI 9 habría ejercido hostigamiento, violencia psicológica y maltrato laboral contra los empleados de esa dependencia que firmaron un documento denunciándola a la Dirección de Sanidad aconsejando su traslado por resultar tóxico trabajar con ella. Al ser trasladada a la UFI especializada en estupefacientes también tuvo problemas de relación y convivencia con los funcionarios de esa Unidad Fiscal a los que terminó denunciando por violencia laboral.

Asimismo, en su legajo personal figuran numerosas licencias psiquiátricas por ese tema. A pesar de contar con esos antecedentes laborales, en el marco de la causa penal que se le sigue por “falsa denuncia de violencia de género” se las arregló para eludir y no concurrir a la pericia psiquiátrica ordenada en “dos oportunidades” por el agente fiscal.

Sumado a todo esto, existirían numerosos testigos presenciales tanto en el “ámbito laboral” como en “el familiar” de sus constantes desbordes emocionales, actitudes agresivas, reacciones desmedidas y problemas para controlar los impulsos.

Otro dato curioso, y que no es menor, es que a pesar de existir en la causa abrumadora evidencia objetiva que la compromete seriamente (documental, informes, constataciones notariales, testimoniales, videos y audios), resulta extraño cómo habría obtenido, tanto en el fuero de familia como en sede penal una seguidilla de decisiones judiciales favorables. Por eso se sospecha que habría funcionarios que habrían invisibilizado, distorsionado, ocultado y hasta archivado las pruebas del marido para favorecer a Ponce.