Esperan una resolución clave para fijar la fecha de un megajuicio por abuso sexual a menores

Familiares de los niños que hace ocho años asistían al Jardín n° 914 de La Loma esperan la resolución de la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal respecto a un planteo de las abogadas de Marcos Ledesma, el docente acusado de abuso sexual agravado y corrupción de 11 menores.

En principio, el debate oral iba a comenzar el 17 de febrero del 2021, luego de ocho años de espera por parte de los padres de los chicos que actualmente ya están finalizando la primaria y en otros ya comenzaron la secundaria. Esos menores asistían al jardín ubicado en 44 entre 22 y 23, donde el acusado daba clases de música.

Sin embargo, antes de esa fecha el imputado designó nuevos representantes (a la abogada marplatense Patricia Perelló y a una colega), por lo cual el TOC n°5 se vio obligado a reprogramar el juicio para el 22 de febrero. No obstante, días antes las letradas volvieron a realizar otra jugada y recusaron a los jueces Carmen Palacios Arias, Ezequiel Medrano y Marcelo Giorgis.

Los magistrados rechazaron la recusación al igual que los fiscales Rosalía Sánchez y Mariano Sibuet, y los abogados de los progenitores de los chicos: Andrea Reynoso y Matías Pietra Sanz.

A pesar de que los familiares de los menores confían en que el tribunal de alzada confirme al tribunal de origen para el debate, lo cierto es que saben que tendrán que volver a esperar para que la Oficina de Gestión de Audiencias ponga una fecha de juicio, con lo cual terminarán pasando más de ocho años para que se juzgue al implicado.

Importantes cargos

Ledesma afronta cargos por “abuso sexual agravado por el daño a la salud mental que le ha ocasionado a sus víctimas, en concurso real con corrupción de menores agravada por su condición de educador, todos ellos en concurso entre sí”. Se encuentra en libertad desde el 2018, cuando los camaristas dispusieron el cese de la prisión preventiva que cumplía en su domicilio.

Según la investigación, el hombre habría aprovechado su trabajo como docente para abusar y corromper de distintas formas a los niños. En 2013, los menores les contaron a sus padres lo que les estaba pasando y éstos decidieron realizar la denuncia, que recayó en la Fiscalía n°11.