Peligro de indefensión

Tiroteos que dejaron como resultado gendarmes heridos en Santa Fe. Seis helicópteros, francotiradores  y 600 efectivos de Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, junto a agentes de Policía de esa provincia, patrullando unos 200 kilómetros de caminos rurales que se encuentran entre las pequeñas localidades de Matilde y San Agustín. A esto se le suman el despliegue de otros 5000 efectivos que, supuestamente, están realizando allanamientos y procedimientos en el Conurbano y en distintas zonas del interior bonaerense.

Todo esto formó parte ayer de la cinematográfica búsqueda que continuaba esta madrugada de los hermanos Christian y Martín Lanatta, y de Víctor Schilacci, los tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez y por participar de la mafia de la efedrina, que se fugaron el pasado 27 de diciembre del penal de máxima seguridad ubicado en General Alvear y que, según la información oficial, decidieron trasladarse a territorio santafesino. ¿Qué resultados se obtuvieron? Fracasos y más fracasos, lo que da cuenta de la sensación de indefensión que envuelve a la sociedad ante la impunidad con la que se mueve el narcotráfico en nuestro país.

En medio de este escenario, durante toda la jornada de ayer se difundió que, supuestamente, los prófugos andaban de a pie, escondidos entre maizales, como si se tratara de una típica película de acción norteamericana de bajo presupuesto. La realidad es que, a esta altura, es mucho más probable que los fugados estén fuera del país o directamente hayan sido asesinados, en cuyo caso los cadáveres difícilmente puedan ser encontrados alguna vez. En definitiva, de comprobarse alguna de estas dos hipótesis, los más beneficiados serían Cristina Kirchner y Aníbal “La Morsa” Fernández, máximos responsables políticos del crecimiento sin freno del narcotráfico en nuestro país.

Hay cuestiones de la búsqueda y del proceso judicial en la Provincia que no cierran por ningún lado. Por ejemplo, si se hicieron enormes despliegues para allanar casas quintas, pizzerías, los domicilios de la madre y de la abuela de los Lanatta, ¿cuál es el motivo por el que aún no se citó a declarar a La Morsa, sindicado por Martín Lanatta de ser uno de los principales garantes de los narcos durante la era K?, ¿Por qué ninguno de los allanamientos se hicieron en las oficinas y en los domicilios particulares de La Morsa, sabiendo que en definitiva será el principal beneficiado en caso de que estos prófugos sigan sin aparecer y, por ende, no puedan seguir aportando a la Justicia información sumamente comprometedora sobre los vínculos del kirchnerismo con la mafia de la efedrina?. Sólo basta recordar el hecho de que la campaña presidencial del año 2007 se financió, en gran parte, con dinero aportado por mercaderes que regenteaban –y en mucho casos lo siguen haciendo- laboratorios y droguerías vinculadas a la denominada mafia de los medicamentos, que comercializaban e importaban el mencionado alcaloide que se utiliza para la elaboración de las metanfetaminas.

Tampoco fueron citados a declarar el ex ministro de Justicia de la Provincia, Ricardo Casal, máximo responsable político del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) hasta el pasado 10 de diciembre, como así tampoco sus principales subordinados: Florencia Piermarini, ex jefa del SPB, y César Albarracín, ex subsecretario de Política Criminal. Estos dos últimos siguieron en el cargo tras el recambio de gobierno bonaerense y, sospechosamente, renunciaron horas antes de que se produzca la triple fuga. A su vez, quien estaba a cargo de la seguridad del penal de General Alvear, César Luis Tolosa, fue demorado en las horas posteriores del escape y luego, escandalosamente, fue dejado en libertad. Recién el miércoles por la noche volvió a ser apresado. 

Como si todo esto fuera poco hay dos fiscales bonaerenses manejados a control remoto por la Procuradora María del Carmen Falbo, que están a cargo de la fuga y del tiroteo en Ranchos, sumado a la participación del juez de Garantías, César Melazo. Máxima garantía de impunidad. Razones no faltan para sostener esta afirmación: Falbo fue la abogada de  Aníbal cuando La Morsa tuvo que escaparse escondido en el baúl de un auto del municipio de Quilmes en el año 1994, mientras que Melazo fue un entusiasta defensor de la candidatura a gobernador de La Morsa. Asimismo, tanto la Procuradora como el polémico juez platense mantuvieron una estrechísima relación con Casal durante los 8 años de gobierno sciolista.

Toda esta situación pone al gobierno de Mauricio Macri, como así también a la gestión de María Eugenia Vidal, en una verdadera encrucijada. Con cierta dosis de ingenuidad, cuando asumieron las riendas del poder el 10 de diciembre pensaron que iban a ganar tranquilidad transando con parte de lo viejo, evitando confrontar directamente contra las estructuras mafiosas enquistadas en el Estado desde hace años y que tuvieron –y siguen teniendo- en la figura de La Morsa a uno de sus máximos representantes. Seguramente, estarán arrepentidos.

Se viven momentos extremadamente complejos, pero aún hay salida. Está claro que la única forma que aparezca la luz al final del túnel es librando una lucha sin cuartel contra la corrupción, lo que implicará que los responsables de habernos llevado a esta situación estén en la cárcel o en el banquillo de los acusados. Tenemos que tener fe en que el gobierno podrá encontrar el camino para que todos los argentinos finalmente podamos vivir en paz.