Admiten denuncia del expresidente de Paraguay por el golpe en su contra en 2012

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una demanda presentada por el expresidente de Paraguay Fernando Lugo contra el Estado por el golpe institucional en su contra en 2012 –en medio de la crisis desatada por un operativo de desalojo de un campo que terminó en masacre–, una decisión que puede abrir un antecedente para otros casos de destituciones en la región.

Aunque la decisión de la CIDH es apenas un primer paso que abre los plazos para las presentaciones de argumentos de parte de Lugo –ahora senador por el Frente Guasú– y el Estado paraguayo, constituye de por sí un hecho inédito sobre los llamados “golpes blandos”.

La admisión de la demanda fue confirmada por el abogado de Lugo, Emilio Camacho, quien explicó los alcances de la acción interpuesta, que recién ahora es admitida a trámite.

Camacho reseñó que la denuncia se sustenta en la “indefensión” de Lugo durante su juicio político, ocasión en que se produjo la “violación de derechos fundamentales y del pacto de San José de Costa Rica”.

El letrado afirmó que la aceptación de la CIDH, dispuesta el 10 de este mes, pero conocida recién ayer, en un escrito de nueve páginas, implica que el organismo “consideró que hay verosimilitud, razonabilidad y credibilidad” en la solicitud.

El golpe

Una semana después de la llamada masacre de Curuguaty, que terminó con 11 campesinos y 6 policías muertos, colorados y liberales se unieron a otros bloques menores para impulsar el juicio político a Lugo, el primer mandatario no colorado desde la vuelta de la democracia, y en apenas 48 horas se votó la salida del cargo del presidente, reemplazado luego por su vice, el liberal Federico Franco.

Los sectores que auspiciaron el juicio político se ampararon en el cumplimiento formal del artículo 225 de la Constitución del Paraguay y, del otro lado, se denunciaron serias violaciones al debido proceso, falta de pruebas reales, presentación de acusaciones falsas y una velocidad inédita para un proceso de estas características.

La defensa, por ejemplo, tuvo dos horas para la presentación de su descargo en el Senado. El 22 de junio, en siete horas, el Senado escuchó a las partes, relevó pruebas, dictó sentencia y tomó juramento al sucesor de Lugo.

Ahora, con la declaración de admisible de la petición, también se da trámite al proceso y ya se comunicó a Cancillería, según Camacho.

Como en todos los casos que la CIDH admite una denuncia, existe la chance de que Lugo y el Estado paraguayo lleguen a un acuerdo, pero si esa posibilidad no prospera y se llega a una condena, el caso podría pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Entre los argumentos tenidos en cuenta por la CIDH para admitir la acción figuran el hecho de que el Congreso solo dio 16 horas a la defensa del expresidente y que el libelo acusatorio tenía apenas dos hojas.

Lugo había sido elegido presidente en 2008, en una alianza que integró también el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que después se dividió en respaldo al proceso. El triunfo del exobispo cortó décadas de hegemonía del Partido Colorado.