Protestas por la medida del gobierno italiano que elimina el subsidio de desempleo

El gobierno de Italia, a cargo de la primera ministra Giorgia Meloni, avanzará desde el mes que viene en la quita de la llamada “renta de ciudadanía” sobre unas 159.000 familias. Se trata de un subsidio de desempleo que solo se va a mantener para quienes tengan menores a cargo, adultos mayores y personas con ­discapacidad.

Según el planteo del gobierno, con la entrega de ese subsidio “se desperdiciaron 25.000 millones de euros”, al tiempo que justificaron la medida al señalar que “quien quiere trabajo lo encuentra”.

Esta decisión provocó el estallido de protestas en diferentes puntos del país, sobre todo cuando Meloni comunicó a través de mensajes de texto y correos electrónicos que el de julio fue el último cobro de unos 159.000 grupos familiares.

El principal argumento del gobierno es que las personas entre 18 y 59 años sin discapacidades podrían encontrar trabajo si lo desean y no necesitan una renta. Aun así, si bien la desocupación bajó en junio al 7,4%, se mantiene por encima de la media europea del 5,9%.

“Cabe recordar que, frente a 112.000 hogares que perciben una renta básica con un componente de edad laboral considerada empleable, en Italia, en estos momentos, se prevé la contratación de 1,5 millones de trabajadores, de los cuales el 48% es difícil de encontrar”, aseguró la ministra de Trabajo, Marina Calderone.

En tanto, el gobierno plantea otras medidas. Por ejemplo, personas sin discapacidad entre 18 y 59 años que no tengan empleo recibirán 350 euros a través del denominado “apoyo para la capacitación y el trabajo”.

Se trata de un programa de un año y que será otorgado por persona, no por familia. Entre los requisitos para acceder a él hay que tener ingresos declarados anuales menores a 6.000 euros por familia y ser ciudadano europeo, titular de un permiso de trabajo o familiar.

Otra medida que buscan aplicar es el denominado “subsidio de inclusión” para mayores de 60, menores de 18 o con discapacidad. Este dará entre 480 y 560 euros mensuales a los beneficiarios, más un complemento para alquiler de hasta 3.360 euros al año, que se pagarán a partir del 1° de enero.