Ataque al INTA
158 mil unidades de la agricultura familiar en riesgo
El desmantelamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) por parte de gobierno de Milei amenaza a miles de familias.
Como cada área del Estado nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) no se salva de la motosierra que viene aplicando el gobierno de Javier Milei. Además de la falta de financiamiento y de despidos masivos, se conoció que dentro del megadecreto que prepara el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se apuntará al Centro de Investigación para la Agricultura Familiar (Cipaf), con el desplazamiento de 200 trabajadores que sostienen el organismo.
En la Argentina existen cerca de 250.000 establecimientos agropecuarios, de los cuales el 63,7% (cerca de 158 mil) corresponde a la agricultura familiar. Esta dato da cuenta de la cantidad de trabajadores que abarca este sector, clave para la producción de alimentos. En contraposición, tan solo representan el 13,5% de la superficie de tierras cultivables en el país. Ante estos números, se torna fundamental el rol del Cipaf, que trabaja codo a codo con las familias que trabajan la tierra para fomentar su desarrollo.
La agricultura familiar también es fundamental en el manejo de la ganadería. De acuerdo al último relevamiento oficial, los integrantes de este sector manejan el 17% de la ganadería bovina del país, mientras tienen incidencia sobre el 80% del stock los caprinos. En el caso de la producción de ovinos, representan el 20%, y abarcan el 87% de la producción de llamas, característico de la región norte del país.
Ante esto, los dirigentes sociales que representan a la agricultura familiar denuncian el impacto de las políticas de ajuste del Gobierno nacional. En este sentido, Diego Montón, dirigente del Movimiento Campesino Indígena Somos Tierra (MNCI Somos Tierra) y de la Mesa Nacional Agroalimentaria, sostuvo que la reestructuración que impulsa Sturzenegger “no tiene un marco de planificación en torno a una propuesta de desarrollo rural, sino que es simplemente un conjunto de acciones ideológicas en torno de mostrar motosierras y de caminar hacia un mayor ajuste fiscal”. “Es decir, es una reestructuración que no está planteada en una perspectiva de un nuevo modelo de desarrollo rural”, agregó, en diálogo con el portal El Destape.
