Aseguran que las imposiciones a Cristina Kirchner son ilegales

Cristina Kirchner volvió a criticar a la Justicia por las condiciones impuestas en su prisión domiciliaria, al citar el mensaje de Leopoldo Moreau en X. El diputado nacional cuestionó las nuevas exigencias establecidas, como el uso obligatorio de tobillera electrónica y la necesidad de contar con autorización judicial para recibir visitas.

El posteo de Moreau

Moreau sostuvo que “no hay ningún detenido con domiciliaria, y menos aún con pulsera electrónica, al que haya que visitar con previa autorización judicial”. Además, remarcó que “ella puede recibir a quien quiera y cuando quiera”, dado que sus derechos civiles y políticos no están suspendidos más allá de la sentencia judicial.

En esa línea, el diputado remarcó que no solo se trata de los derechos de Cristina Kirchner, sino también de los de quienes quieran reunirse con ella, en especial los legisladores nacionales. Citó el artículo 38 de la Constitución Nacional y recordó que los parlamentarios gozan de fueros e inmunidades que no pueden ser limitados por resoluciones judiciales.

Finalmente, Moreau advirtió que si los jueces intentan impedir las visitas políticas a la expresidenta se podría configurar “un severísimo conflicto de poderes”. Incluso anticipó que podrían denunciar el caso ante la Unión Interparlamentaria Mundial como muestra de una presunta “colaboración de jueces y fiscales para imponer un Estado de excepción”.

“Solamente con este Partido Judicial... en la Argentina hay que explicar lo obvio”, completó la expresidenta el posteo de Moreau.

Denuncia internacional

La decisión de imponerle a Cristina Kirchner el uso de una tobillera fue considera por una misión internacional de especialistas como “innecesaria, inadecuada, desproporcionada y violatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

El dictamen está firmado por profesores de derecho, excancilleres y miembros de organizaciones de derechos humanos de Brasil, México, Guatemala, Chile, Uruguay y otros países y exhorta al Poder Judicial argentino a garantizar que el cumplimiento de la pena respete la dignidad, los derechos y garantías de la persona privada de la libertad, sin agravios ni humillaciones.