Boudou recurrió a la CIDH: “Fui sometido a un proceso judicial arbitrario”

El exvicepresidente Amado Boudou denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “una política de persecución ilegal” durante la presidencia de Mauricio Macri, en el marco de su condena en la causa Ciccone.

En su escrito, Boudou aseguró: “Junto con quien fue presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y buena parte de su gabinete de ministros, fui objeto de una campaña de persecución judicial”.

En la presentación ante la CIDH, que lleva la firma del propio imputado y del abogado ­Alejandro Rúa, Boudou afirmó que, una vez que dejó su cargo como vicepresidente en diciembre de 2015, las nuevas autoridades del gobierno argentino “implementaron desde su asunción y en sede judicial una política ilegal de persecución”, que quedó detallada por los informes de la comisión bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

En ese informe, titulado “Espionaje ilegal 2016-2019”, se habló de “un plan sistemático ideado en lo más alto del gobierno nacional” que buscaba “la extorsión política y económica”, y el método que se usó fue el lawfare “a través de la manipulación del Poder Judicial (como máscara de legalidad) en perfecta sincronización con los medios de comunicación hegemónicos”.

Boudou también recordó cuando fue detenido en noviembre de 2017. “Se me detuvo sin citarme previamente a ese efecto, aun cuando siempre había comparecido a las citaciones que se me habían hecho, en mi domicilio y en horas del amanecer, exhibiéndome ante la TV en pijama y pantuflas y ventilando ilegalmente imágenes del procedimiento, con el evidente objetivo de humillarme públicamente, lo que claramente importa una pena degradante propia del preiluminismo”, afirmó.

Tras insistir en apuntar contra el juez Pablo Bertuzzi, quien integró el tribunal que lo condenó, al hablar de falta de imparcialidad, la presentación de Boudou también cuestiona que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación no revisó el caso, haciendo aplicación del artículo 280 del código de procedimientos civiles, o sea, el llamado certiorari, sin dar razón alguna de su negativa a abrir la instancia extraordinaria frente a la gravedad de los reclamos”. Y detalló lo que se conoció después: “La difusión de las visitas indebidas” de dos jueces de Casación al expresidente
Mauricio Macri “que intervenían en este proceso y rechazaban todos nuestros recursos”.

El exvicepresidente concluyó en su presentación ante la CIDH: “He sido sometido en mi país a un proceso judicial amañado y arbitrario en el que no ha habido garantía convencional que no se haya violado, comenzando por la de legalidad, en un contexto de discriminación política y persecución. Fui arbitrariamente detenido, humillado ante los medios de comunicación y espiado ilegalmente, incluso junto con mis abogados, (siendo) escuchadas ilegalmente nuestras conversaciones, con afectación al ejercicio de mi defensa”.

El exvicepresidente añadió: “A los fines de una condena impuesta de antemano, ante jueces de distintas instancias afectados en su imparcialidad, se pagó ilegalmente una declaración y se mantuvieron ocultas dichas circunstancias en que intervinieron las agencias de inteligencia y otros funcionarios del gobierno. Y, ante la manipulación de las voluntades judiciales afectadas, no hubo ningún recurso real a mi disposición para la defensa de mis derechos, pues todo eso fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia mediante una simple negativa sin expresión de razón alguna, dejando de este modo agotados los recursos internos y por ende expedita la vía internacional. Sigo aún preso”.