Bullrich defendió el “protocolo antipiquete” en Comodoro Py

En una audiencia que duró más de dos horas, Patricia Bullrich concurrió a Comodoro Py para defender el “protocolo antipiquetes” luego de ser convocada por el juez Sebastián Casanello dentro de la causa presentada por la legisladora porteña del Frente de izquierda (FIT), Celeste Fierro, quien reclamó la inconstitucionalidad de la medida dispuesta por la ministra para impedir los cortes de calles durante marchas y protestas.

La cita tuvo lugar en el cuarto piso de los tribunales federales de Comodoro Py 2002, sede del juzgado del magistrado Sebastián Casanello, con la participación de la fiscal del caso Paloma Ochoa, funcionarios del Ministerio de Seguridad y la denunciante en compañía de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas, ambientales, sindicales y asambleas barriales.

En la audiencia, Bullrich manifestó su defensa a la legalidad de la medida para luego analizarse el articulado del protocolo, se habló del concepto de “flagrancia” y se respondieron preguntas del juez y la fiscal Ochoa. Tras la exposición, se dispuso un cuarto intermedio y se decidió convocar una nueva audiencia en fecha a definir por el juzgado.

Por su parte, la legisladora denunciante brindó una conferencia de prensa antes de ingresar al recinto donde remarcó como “muy positivo” lo resuelto por el Juez Casanello al llamar a las partes para escuchar sus posiciones y expresó: “Es un paso muy positivo que hoy estemos en esta audiencia, además de la resolución que sacó el martes pasado el juez Casanello, que si bien no suspende el protocolo ni lo declara inconstitucional, que ha sido el pedido en nuestra acción judicial, dice que tiene que adecuarse a derecho”.

A su vez, Fierro aseveró que Bullrich “se arroga facultades”, en referencia al protocolo donde, según indicó, “se están vulnerando derechos y garantías en la movilización” y añadió: “El juez deja en claro que las facultades para definir qué es y qué no es un delito, se hace a través del Congreso, de las leyes y que interpretarlo es tarea de la Justicia y no del Poder Ejecutivo”, destacó previamente antes de la audiencia.

En compañía de su abogada, Mariana Chiacchio, manifestantes y organizaciones sociales, como Vilma Ripoll y Alejandro Bodart, la legisladora por el FIT agregó: “Vamos a denunciar que este protocolo es una muestra del intento de este Gobierno de un cambio de régimen por uno más autoritario y totalitario que quiere avanzar directamente contra nuestros derechos”.