Caducan las demandas de injurias con medidas cautelares

El Juzgado Federal de Primera Instancia Civil y Comercial N° 11 de La Plata ordenó una medida cautelar que exigía al demandante a abstenerse de “publicar en las redes sociales u otros medios de alcance público comentarios en los que se consigne el nombre y apellido de la actora o se haga referencia a su persona” y que Facebook “proceda a eliminar las publicaciones y/o fotografías realizadas en el perfil de la accionada, así como -en caso de existir- en la página de dicha red social denominada Compro todo en La Plata, Berisso y Ensenada bajo apercibimiento de astreintes”.

En el caso, la parte actora pidió una medida cautelar para evitar toda “difamación, improperio, calumnias e injurias y cualquier otro comentario violento o vejatorio hacia su persona y el no uso de su imagen personal (utilización de foto o video) en las redes sociales como en todo otro medio virtual o formato papel contra la demandada”.

En la demanda se expresó que se trataba de una maestra jardinera que recibió todo tipo de comentarios negativos sobre su desempeño, lo que generó que tome una licencia, y luego debió inclusive renunciar, y que tras enterarse de las injurias en la red social realizó denuncia penal (que luego fue archivada).

La red social, al interponer el recurso, cuestionó que en realidad era competente la Justicia Federal, que no existe legitimación pasiva para cumplir la medida, no se dan lo requisitos para que proceda la cautelar, ni se identifican las URL de las publicaciones que se debían bloquear; y también cuestionó que se ordenaba un monitoreo proactivo de contenidos que contraria la doctrina de la CSJN siendo además improcedentes las sanciones conminatorias.

Elevada la cuestión a la Sala II de la Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, la misma se declaró incompetente por considerar que, en virtud de la Ley de protección de datos personales, la Justicia Federal resultaba competente, por lo que se remitieron las actuaciones que, luego de asignarse, llegaron al Juzgado Federal de Primera Instancia n° 2 quien a su vez elevó las actuaciones a la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata por el recurso planteado contra la medida.

La normativa establece que se producirá la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hubieren ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de obligación exigible “no se interpusiere la demanda dentro de los 10 días siguientes al de su traba”.

Luego de todo ese recorrido con el expediente ya ante los magistrados competentes, los mismos explicaron que había operado la caducidad de la medida cautelar en cuestión por lo que había que dejar sin efecto la resolución apelada.

Así, los jueces Cesar Alvarez y Jorge Eduardo Di Lorenzo precisaron que en base a la normativa y no existiendo actuaciones principales en el caso es que se daban los presupuestos para disponer la caducidad, por lo que el tratamiento de los agravios terminó siendo inoficioso.