Coinciden en la conveniencia de acortar el mandato del procurador general de la Nación
La Cámara alta, con la presencia de especialistas en Derecho, retomó el debate de los proyectos de ley que modifican la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Especialistas en materia jurídica coincidieron en la necesidad de establecer un límite de tiempo a la duración del mandato del procurador general de la Nación, así como en modificar el reglamento para designar al jefe de los fiscales con mayoría simple, en una audiencia realizada en la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado.
De esta forma, la Cámara alta, con la presencia de especialistas en Derecho, retomó el debate de los proyectos de ley que modifican la Ley Orgánica del Ministerio Público con respecto a la duración del cargo del procurador general de la Nación, que en la actualidad no tiene límite más que el de la edad, de 75 años.
El análisis en el Senado se apoya en tres proyectos de ley presentados para modificar la Ley del Ministerio Público con respecto a la duración de los mandatos.
En su exposición, el profesor de posgrado de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Buenos Aires, Ernesto Binder, recordó que “todos los países de América Latina que pasaron a un sistema acusatorio abandonaron la idea del carácter vitalicio del Ministerio Público”.
“Es conveniente. El desgaste de la persecución penal hace que haya un consenso muy amplio alrededor de que debe existir un plazo porque, de lo contrario, se termina en una transferencia muy nociva hacia entornos burocráticos que generan graves distorsiones en el sistema político”, afirmó.
Evaluó que “sería dar un salto de calidad enorme ponerle un plazo al procurador”, y opinó que el mandato debería durar cuatro años y, cuando el gobierno finaliza su gestión, “el procurador debería irse”.
No obstante, si bien aceptó que “un plazo de seis años acentuaría la autonomía del fiscal porque permite establecer una política de persecución penal”, podría convertirse en un “problema” un eventual cambio de “signo político” del gobierno.
Idéntica posición adoptó el abogado Maximiliano Rusconi, exfiscal general de la Procuración.
“El Ministerio Público es el formulador de la política criminal del Estado. No puede haber contradicciones con otros poderes”, afirmó.
Además, aconsejó a los senadores “menos adrenalina para obstaculizar el pliego que propone el Poder Ejecutivo (del juez federal Daniel Rafecas como procurador) y más control a Procuración”.