Continúa el debate sobre la aplicación de las PASO

Al igual que sucedió durante el año pasado, la idea de suspender las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) creadas en 2009, tras la aprobación de la ley nº 26.571, ronda el debate público hace algunos meses, y en las últimas horas han quedado marcadas las posiciones del arco político a favor o en contra de su aplicación.

Uno de los fundamentos principales para derogarlas es que los recursos económicos gastados por el Estado en organizar una elección primaria podrían destinarse a otras emergencias públicas. Sin embargo, la verdadera razón que se deja entrever en la discusión es naturalmente política y los principales interesados son los gobernadores y algunos intendentes.

De hecho, el tema se instaló en la agenda luego de que algunos gobernadores, como el riojano Ricardo Quintela, manifestaran que las elecciones Primarias generan un gasto innecesario y las internas se deberían dar en los partidos políticos.

A tal punto llegó la convicción de eliminarlas que hace unos pocos días el grupo de cuatro diputados que integran el interbloque Provincias Unidas presentó un proyecto de ley para derogar las PASO, que como alternativa plantea que con el dinero que se ahorraría el Estado se conforme un fondo para luchar contras las adicciones y otro para pagar prestaciones básicas de personas con discapacidad.

Dicho texto lleva las firmas de los legisladores Luis Di Giacomo, Diego Sartori, Agustín Domingo y Carlos Fernández. Ellos sostienen que suprimir las PASO daría un beneficio de 22.500 millones de pesos, que hoy se usan “en el gasto de la política”.

En ese sentido, la decisión final necesita del consenso del Ejecutivo para tratarla en el Congreso y, desde el Gobierno, a través del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y la portavoz Gabriela Cerruti, negaron que existiera la idea de avanzar con la eliminación de las PASO a nivel nacional.

Sin embargo, el debate no se planta entre el oficialismo y la oposición, sino también dentro de sus propios partidos. En el peronismo, los gobernadores del Partido Justicialista (PJ) están de acuerdo en que las PASO deberían suspenderse; en cambio, tanto en La Cámpora como en el sector albertista consideran que no hay margen para avanzar con ese objetivo.

Cada uno tiene sus argumentos. Por su parte, los aliados del Presidente tienen en claro que Alberto Fernández considera que, para avanzar en la reformulación del cronograma electoral, es necesario tener consenso con los distintos sectores de la oposición, ya que simplemente imponerlo lo único que generaría es una guerra sin tregua con los distintos sectores del arco opositor.

Desde La Cámpora que conduce Máximo Kirchner aseguran que las PASO son “sagradas” porque fueron impulsadas por la vicepresidenta Cristina Kirchner, jefa del movimiento político. De esa manera, sin discusión sobre el liderazgo de la exmandataria, aseguran que la única que puede dirimir la posición del oficialismo respecto de las primarias es Cristina, quien aún no ha dado ninguna señal en relación a la discusión sobre las elecciones.

En esa línea, a La Cámpora le sirve la permanencia de las elecciones Primarias porque le permitiría discutir espacios de poder en municipios y provincias donde no gobierna el oficialismo. Lo mismo sucede con la oposición, que ha aprendido a utilizar las PASO y se ­fortaleció en cada una de las batallas electorales que protagonizó.

Sin embargo, oficialistas como los ministros del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y de Economía, Sergio Massa, consideran que las Primarias generan un gasto innecesario y que no han sido útiles a lo largo de los últimos años, por ser “una encuesta muy cara”, y en cambio justifican que esos recursos utilizados podrían ser coparticipados entre todas las ­provincias.

Además, creen que, en caso de haber más de un candidato, son los partidos políticos los que deben resolver el candidato final a través de una interna partidaria. Es decir, volver al esquema del pasado y evitar que el Estado invierta millones de pesos en una elección donde el objetivo central es definir el candidato que cada frente electoral tendrá en las elecciones generales.

Más allá de las divisiones internas que existen en el Gobierno, en todo el arco oficialista tienen en claro que es muy difícil que un proyecto de ley para derogar las PASO pueda avanzar en el Congreso.

Si bien hay sectores de la oposición, como los legisladores cordobeses que responden a Juan Schiaretti, que están en contra de las PASO, el número para poder lograr una aprobación sería muy justo.

Además, desde la Casa Rosada han reiterado que no está en los planes del Gobierno modificar el cronograma de elecciones de 2023, el cual aún no tiene fechas oficiales, pero tampoco cuenta con el tiempo suficiente para modificarse, ya que en mayo arranca el proceso electoral con la presentación de alianzas.

Por su parte, Juntos por el Cambio, el ­bloque opositor más grande, ya ha sentado posición sobre el tema. Para ellos es inadmisible la posibilidad de que las PASO sean derogadas, con el argumento de que “se trata de una instancia de participación ciudadana que está avalada por una ley y por un consenso político con marco institucional”. La realidad es que, con los enfrentamientos internos que se vienen demostrando dentro de la coalición, a sus candidatos los beneficiaría esta instancia, ya que ni siquiera han podido generar una alian­za partidaria para presentar una sola figura.

Dentro del Gobierno, hay quienes creen que el Presidente sigue guardando entre sus expectativas la posibilidad de presentarse a unas PASO, tal como lo indicó él mismo el 17 de noviembre del año pasado, en un acto multitudinario realizado en la Plaza de Mayo. Sin embargo, la candidata más fuerte del oficialismo, con mayor porcentaje de imagen positiva actualmente, es Cristina Fernández.