Control total: represión y censura en la ciudad militarizada

Además, el gobierno de Javier Milei recurrió a la censura como herramienta para invisibilizar la protesta, restringiendo registros aéreos y monitoreando el flujo de información.

Un dato llamativo fue la implementación de inhibidores de drones en la zona del Congreso. Con esta medida, se impidió la captación de imágenes desde el aire, dificultando la difusión de la magnitud de la movilización y el accionar de las fuerzas de seguridad. La estrategia no fue casual: el gobierno ya había recurrido a técnicas similares para bloquear registros de episodios represivos anteriores.

Y si toda esa puesta en escena no fue suficiente, en horas del mediodía del miércoles la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dispuso una recompensa de $10 millones para quienes denuncien a los responsables de “disturbios” en la marcha de jubilados del 12 de marzo. La medida, doblega a lo ofrecido a quienes aporten datos sobre el niño Loan Peña.