Crece el rechazo a la reforma constitucional de Morales

Luego de la reforma parcial de la Constitución de la provincia de Jujuy, organizaciones sociales que mantenían las protestas y cortes de rutas fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad locales.

A su vez, el gobernador y precandidato presidencial de la UCR, Gerardo Morales, defendió la prohibición de realizar cortes de rutas y calles, contemplados en el texto constitucional.

Los manifestantes que se encontraban en Purmamarca denunciaron que llegó un importante contingente de efectivos de la Infantería policial con el propósito de desalojar la ruta.

Quien se sumó al rechazo de la reforma y la represión a las movilizaciones fue el dirigente de la CGT, Pablo Moyano: “Repudiamos enérgicamente el atropello a los derechos constitucionales de los trabajadores de Jujuy que fueron reprimidos por la gestión de Ge­rardo Morales, quien además es precandidato presidencial de Juntos por el Cambio”, expresó.

El sindicalista hizo referencia a “la terrible situación que se vive en esa provincia” y la caracterizó como “preocupante”, ya que busca “criminalizar los derechos a reclamar mejores condiciones de trabajo y salarios dignos para todos”.

“El rechazo del pueblo jujeño a la reforma de la carta magna provincial es contundente, se ve a las y los trabajadores en las calles diciendo no al avance en contra de la Constitución Nacional”, añadió.

En este contexto, expresó que la semana próxima dará una conferencia de prensa en la sede de la CGT de esa provincia, donde rechazará la represión y dejará en claro que “las protestas deberán ser respetadas”.

Y adelantó que, “en caso de no cesar esta violencia a las hermanas y hermanos jujeños, se tomarán medidas a nivel nacional”.

Por otro lado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se volvió a pronunciar en contra de la reforma y aseguró que “el texto menciona estándares internacionales de derechos humanos”, pero que “quedan en letra muerta, ya que prevé que se sancione una ley para limitar las manifestaciones y deja abierta la puerta para que el gobierno y la Policía decidan ­quiénes pueden y quiénes no pueden protestar”.