Cristina apeló la condena

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, pidió ayer a la Cámara Federal de Casación Penal que deje sin efecto la pena de seis años de prisión e inhabilitación que se le impuso en el juicio por la “causa Vialidad” y que se disponga su absolución, tras argumentar que el fallo en su contra contiene “arbitrariedad fáctica y normativa” y constituye “un supuesto de enorme gravedad institucional”.

Se trata del fallo que tanto el oficialismo como también fuerzas de izquier­da, organizaciones y referentes de la sociedad civil vienen condenando co­mo un ejemplo de lawfare o guerra jurídica y un caso de proscripción política.

Por su parte, el fiscal Diego Luciani también apeló y pidió que Casación agrave la pena a la vicepresidenta y otros acusados y se los condene además por el delito de asociación ilícita, según los escritos a los que tuvo acceso Télam.

Este último cargo fue descartado en el voto mayoritario de los jueces del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, con disidencia en ese aspecto del tercer magistrado, Andrés Basso, cuando el 6 de diciembre pasado se condenó a la vicepresidenta por supuesta “administración fraudulenta” con “inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”.

El veredicto “no cuenta con pruebas directas”, advirtieron los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, en el escrito de apelación de 394 carillas presentado este lunes.

“Nos hallamos en presencia de un supuesto de enorme gravedad institucional, tal como lo hemos expuesto desde el inicio de este proceso, en el cual se ha intentado presentar como delictivos actos de gobierno absolutamente legítimos y no judiciables, desa­rrollados por tres gobiernos constitucionales, elegidos democráticamente por el voto popular”, agregaron.

La condena “se sostuvo en consideraciones absolutamente arbitrarias desprovistas del más mínimo sustento lógico, fáctico y jurídico”, advirtieron los abogados.

Durante el juicio que se extendió por tres años “quedó ratificado el estado de inocencia” de la exmandataria por supuestos delitos con la adjudicación de obra pública nacional a las empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Y recordaron que el TOF 2 rechazó “más del 80% de la prueba ofrecida” por la defensa, en particular pericias “ineludibles” en estos juicios, y que esa decisión fue ratificada por la sala de Casación “integrada por los jueces que visitaban la Quinta de Olivos”, se remarcó, en alusión a los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que iban a ver al expresidente Mauricio Macri en esa época.

Además, sostuvieron que “se violó la garantía del juez natural, pues los magistrados actuantes, tanto en la etapa sumarial como en la instancia oral, evidenciaron una ostensible falta de independencia e imparcialidad frente al caso y las partes”.