D’Alessandro y la mano derecha de Rosatti, citados por el fallo de Coparticipación

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados decidió ayer citar para el martes 27 de junio a gobernadores y al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y para el 4 de julio a Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y al exfuncionario porteño Marcelo D’Alessandro, en el marco de la investigación sobre el fallo de Coparticipación que benefició a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La decisión fue adoptada en el último tramo de la reunión de la comisión, donde se comenzó a analizar la sentencia del alto tribunal que favoreció a la Capital Federal, que había reclamado por el recorte de los recursos para la Policía porteña, una de las causales por las que se investiga la conducta de los cuatros miembros de la Corte Suprema de Justicia.

La obra social de los judiciales

La Comisión de Juicio Político de Diputados aprobó también una resolución que establece la citación del juez de la Corte Suprema de Justicia Juan Carlos Maqueda, para que responda en diez días hábiles, en forma personal o por escrito, las acusaciones por mal desempeño en sus funciones como supervisor de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn).

La decisión fue adoptada en la reunión de la comisión, que preside Carolina Gaillard, con el voto favorable de diputados del Frente de Todos (FdT) y el rechazo de los legisladores de Juntos por el Cambio (JxC).

Maqueda podrá presentarse de ma­nera presencial o enviar un informe escrito, que se agregará a lo actuado, aunque se aclaró que “la incomparecencia o inacción del denunciado no constituirá impedimento para la prosecución de las actuaciones”.

Gaillard precisó en la reunión que al magistrado “se le endilga mantener un sistema informático obsoleto que permitía la omisión en el deber de fiscalización, supervisión y control de gestión que tenía Maqueda como supervisor de la obra social”. En ese marco, la diputada hizo un repaso pormenorizado de los cargos contra el juez, así como las causales por las que se inició el proceso en la Cámara de Diputados, entre ellos el fallo de la Corte Suprema sobre el “dos por uno”, las irregularidades en la obra social de los judiciales y el fallo de Coparticipación que benefició a CABA.

La resolución, de 53 carillas, dispone asimismo la creación de una subcomisión para continuar con la investigación respecto de “las irregularidades en la obra social y las responsabilidades que puedan corresponder a los demás ministros”.

Gaillard indicó que la propuesta de la diputada Vanesa Siley (FdT) de crear esta subcomisión se da mientras la comisión avanza “con el tema” del fallo de la Corte sobre la Coparticipación y “haya un grupo de diputados a fin de analizar y estudiar otra documentación”.

La legisladora propuso que Siley esté a cargo de la subcomisión y que la integren también los diputados Rodolfo Tailhade (FdT) y Paula Oliveto (JxC), pero desde la coalición oficialista se opusieron a integrar ese ámbito.

Entre otras irregularidades, según el documento de la comisión, se ­destacan “vacancias en el directorio, vacancias en la subdirección médica, administrativa y auditoría interna, delegación de firma en diferentes agentes –incluso en personal contratado bajo locación de servicio–, ­ausencia de previsión presupuestaria, irregularidades en la registración contable”.

También se hace referencia a “balances contables sin certificación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, falta de presupuesto, faltantes en stock de medicamentos”, entre otras cuestiones.

Además, se acusa a los magistrados del máximo tribunal de “haber desvirtuado el rol institucional afectando de desprestigio y mala reputación a la obra social del Poder Judicial (comprometiendo la eficiencia y el servicio de prestación de salud)” y el “incumplimiento de la ley de Datos Personales 25.326 por no garantizar un sistema informático seguro y transparente para preservar información y datos sensibles de sus afiliados”.