Denuncia penal del diario Hoy contra Echegaray y sus secuaces

Fue presentada la semana pasada en los tribunales federales de La Plata. En base a importantes aportes documentales y a las investigaciones realizadas por el diario Hoy, la denuncia apunta a la cúpula de la AFIP por los delitos de malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público

El pasado miércoles, la directora del diario Hoy, la señora Myriam Renée Chávez de Balcedo, presentó una denuncia penal en los tribunales federales de La Plata para que se investigue la comisión de graves delitos que se estaría cometiendo en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). La demanda involucra al titular de ese organismo Ricardo Echegaray y a otros funcionarios como el flamante titular de la Aduana, Guillermo Michel.

En la presentación judicial, que quedó radicada en el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata a cargo de Jorge Di Lorenzo, secretaria Nº 9 (cuyos titulares son Juan Nogueira y Pablo Ernesto Muñoz), se solicita que se investigue la posible comisión de los delitos de malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, de los que serían penalmente responsables Echegaray y Michel. Y todos aquellos funcionarios cuya responsabilidad surja de la investigación.

 “Los nombrados participaron en una maniobra organizada para apropiarse de bienes del Estado, enriquecerse ilícitamente a costa del erario público y formular falsas o ilegales denuncias penales… Para esos fines, utilizaron ilegalmente el aparato del Estado Nacional en general y de la AFIP, extorsionado, apropiándose de bienes, apropiándose de información de distintos organismos estatales, como la Secretaría de Inteligencia, la Unidad de Información Fiscal y, en especial, la existente en expedientes administrativos de la AFIP”, dice la denuncia.

La denuncia incluye importantes pruebas documentales y se expone el contenido de las distintas investigaciones que viene publicando el diario Hoy en la que aparecen claro vínculos entre Echegaray y varios de sus funcionarios con delitos relacionados con el lavado de dinero, el narcotráfico y la conformación de empresas fantasmas.

Por ejemplo, la presentación hace referencia a Carlos Alberto Salvatore y Susana Valles. Ambos están presos y procesados en la causa Carbón Blanco, acusados de integrar empresas que podrían servir como plataforma para lavar dinero del narcotráfico A partir de allí aparecen conexiones con Michel. Concretamente, Ana Cristina Palesa, de profesión abogada,  autorizó varias de las sociedades comerciales que están o estuvieron vinculadas con el flamante titular de Aduana y con Jorge Lambiris, quien según distintas notas periodísticas es amigo de Echegaray al punto que habrían veraneado juntos en Río de Janeiro pese a que es un empresario al que debería controlar. También intervino en empresas que están o estuvieron a cargo de Salvatore, cuyo nombre figura en una decena de sociedades comerciales que serían cáscaras vacías y que podrían haberse destinado al lavado de dinero. 

En las empresas de Lambiris y de Michel también intervino la escribana Sara Celia Hurovich. Las sociedades comerciales en cuestión son L&L Mandatos y Negocios SRL y LW Logística y Carga (ver más abajo).

La denuncia se produce en momentos en que el titular del organismo recaudador estaría orquestando una serie de maniobras para intentar garantizarse impunidad. Por ejemplo, la semana pasada se conoció que Echegaray "relocalizó" a un total 25 funcionarios de alto rango sospechados de actos de corrupción. La versión oficial indica que “se busca transparencia” en el marco de un plan puesto en marcha por el titular de la AFIP para intentar seguir en el cargo más allá del cambio de presidente. La realidad correría por caminos diferentes: lo que Echegaray busca es impunidad. Por eso, ninguno de los funcionarios “relocalizados” fue puesto disponibilidad. Por ejemplo, uno de los integrantes de la AFIP que cambio de función fue Andrés Edgardo Vázquez, quien fue denunciado por el diario La Nación por tener medio millón de dólares en un paraíso fiscal. Eso no es todo: el año pasado el diario Hoy descubrió que creó una empresa fantasma con los hijos del representante de futbolistas Gustavo Mascardi (varias veces denunciado por la propia AFIP en la última década) y con Genaro Contartese, uno de los condenados por el affaire IBM-Banco Nación. Como era de esperar, en el domicilio declarado, en Puerto Madero, funciona otra compañía vinculada al grupo Mascardi, relacionado con el negocio del juego en Entre Ríos.

La creación de empresas fantasmas, con domicilios falsos, es una práctica generalizada entre los funcionarios de la AFIP, tal como lo hemos denunciado en las páginas de Hoy. Por eso, recién de forma posterior a la investigación realizada por nuestro diario, que puso de manifiesto que Sergio Raúl Vargas, el principal operador de Echegaray en los tribunales federales, y que es asesor de Echegaray en la AFIP, tenía una sociedad comercial trucha radicada en un edificio de departamentos de Neuquén, el titular de la AFIP firmó una resolución que impide a sus funcionarios ser titulares de empresas y les dio un plazo de un año para que se desprendan de sus sociedades comerciales.

La pregunta a realizarse es: ¿recién ahora Echegaray se entera de las actividades comerciales de sus funcionarios?, ¿en lugar de “relocalizarlos” o de pedir que se desprendan de las empresas fantasmas, no debería reclamar la renuncia a los funcionarios involucrados en estas maniobras? Reciclar funcionarios corruptos el único objetivo que puede perseguir es consolidar la impunidad.

Empresas sospechosas

Según la denuncia presentada por Hoy, las empresas que vinculan a Salvatore con Palesa son: Katrine SA, Sacasi SA, KA&SO SA, LC Producciones SRL, CS Entertainment SRL, Lugin SRL, Libres del Sud 2079 SA, Anisa SRL, Gral Paunero 2256 SA, Milenio Bienes Raíces, Pure Visión SA, Automotores Los Alpes SA, Saint Maxime SRL, Aristóbulo del Valle 2480 SA, Milenio Motors SA, Maipú 250 SA, entre otras.  

En tanto, la firma de Palesa también aparece en las siguientes empresas de las que forma o formó parte Michel: La AGE SA, Rapp Collins Worldwide SA, Panza Verde SA, Comercializadora de Combustibles del Litoral SA, Sandebus Inversiones SA, Riga Transporte SA, WM Zurich, La Barranca de Gualeguaychú SA, CAF Jauser SA, PNA SA, Inspire Group SA y Flechas de Los Andes SA.  También intervino en Baco Inversiones SA, una sociedad comercial entre Michel y el senador del Frente para la Victoria, Pedro Guastavino (renunció a la empresa en 2010). En tanto, se encuentra el singular caso de la firma Manos Digitales Animation Studio SA, que certificada por la escribana Hurovich en el año 2011 y que luego pasó a ser certificada por Florencia Valeria Coria. 

Aportes para profundizar el Boudougate

Uno de los aspectos principales de la denuncia se refiere a la entrevista realizada por el diario Hoy a Daniel Tunoni, presidente de la Cámara Pesquera Marplatense. El empresario denunció que el titular de la AFIP Ricardo Echegaray y varios de sus funcionarios intentaron quedarse con la ex Ciccone. Así consta en un escrito presentado en la Juzgado Federal Nº 3 de esa ciudad y fue ratificado en una entrevista con el diario.

Cabe destacar que el camarista federal Eduardo Farah le pidió al juez Ariel Lijo que cite al titular de la AFIP a declaración indagatoria por su participación en el affaire Ciccone: la compra de la única empresa privada con capacidad para imprimir papel moneda en el país que había quedado en manos de presuntos testaferros del vicepresidente Amado Boudou.  En rigor, el requerimiento de Farah apunta a la médula del escándalo como es el hecho de que la AFIP otorgó un plan de pagos con una extensión extraordinaria de 12 años, aplicando una irrisoria tasa de interés, para cancelar una millonaria deuda impositiva que tenía la compañía, levantar la quiebra y sortear así el principal obstáculo que impedía que vuelva a ser contratada por el Estado.

El juez Lijo, que dictó el procesamiento que alcanzó a Boudou y al entonces jefe de asesores de Echegaray, Rafael Resnick Brenner, había excluido al titular del organismo recaudador que ni siquiera fue citado a declarar en la causa. “Consideramos que el testimonio del arrepentido Tunoni podría cambiar el curso del proceso judicial. Se trata del testimonio de un “arrepentido”, de alguien que fue parte de operaciones orquestadas desde la AFIP para perseguir críticos y opositores”, dice la denuncia. 

Tunoni  denunció ante el Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata lo siguiente: “Necesito explicarle (al juez) que Fernando Villaverde, Sergio Vargas, Resnick Brenner y Ricardo Echegaray fueron los que se quisieron quedar con Ciccone. Por eso el acto administrativo de la quiebra de dicha imprenta lo hicieron Villaverde y Resnick Brenner”.

Según Tunoni, fue Fernando Villaverde, un estrecho colaborador de Echegaray  tanto en la AFIP como en la ONCCA, quien le contó los detalles del plan que orquestaron para quedarse con la compañía. Así buscaron birlarle el negocio a Amado Boudou que, como se sabe, para quedarse con la fábrica de papel moneda había conformado una misteriosa sociedad llamada The Old Fund que tenía como apoderado al monotributista Alejandro Vandenbroele, otro de los procesados en el affaire.

Villaverde, en los años ’80, era el jefe político de Echegaray cuando ambos estudiaban abogacía en Mar del Plata. A diferencia del actual mandamás de la AFIP, Villaverde nunca terminó la carrera. Pero igual, durante años, se hizo llamar “Doctor”. Hasta habría llegado a cobrar de forma indebida un plus salarial por un título profesional inexistente. Eso no es todo: también fue denunciado por el diputado nacional Francisco De Narváez de ser uno de los funcionarios que reveló información privada de él y de sus empresas antes del acto electoral de junio de 2009, con el fin de perjudicarlo en su relación con la sociedad.

Otro de los funcionarios mencionados por Tunoni es Sergio Vargas, quien actualmente es el principal operador judicial de Echegaray y habría conformado un grupo de abogados que se dedicó a defender represores de la última dictadura militar, motivo por el cual fue expulsado de la Marina –era capitán de navío- por parte la entonces Ministra de Defensa, Nilda Garré. Vargas fue compañero de Echegaray en el Liceo Naval de Ensenada y encontró refugio en la AFIP luego de haber sido expulsado de la Marina, tal como en su momento denunció el diario Clarín.

Otro de los apuntados por el empresario pesquero marplatense es Julio Nieto, actual jefe del Departamento de Servicios al Ciudadano de la AFIP y operador político de Echegaray, quien lo había citado en un bar de Mar del Plata haciéndose pasar por un abogado, bajo el falso nombre de “Julio Contreras”. Le habría dado 14 mil dólares para que se presentara a declarar a favor de Echegaray, en una causa contra el senador Luis Juez. 

Un testigo llamado Carmelo Impari ratificó los dichos del empresario pesquero marplatense. Tunoni Es un “arrepentido” cuyo testimonio es más que elocuente sobre el accionar mafioso que impera en el organismo recaudador.

Esposas que hacen negocios

Una de las particulares de los negocios vinculados a funcionarios de la AFIP es el rol que cumplirían sus esposas. Según consta en la denuncia, por tantos años de trabajo junto a Ricardo Echegaray, tanto Luis María Capellano como Pablo Aguilera,  secretario de Ingresos Públicos de la Nación y subdirector general Técnico de Legal Impositiva de la AFIP, se han metido en la familia del clan Echegaray. Según fuentes consultadas por Hoy, serían quienes se encargan de hacer la ingeniería en varias empresas que estarían radicadas en el exterior. Las fuentes hablan que, a fines del año pasado, Aguilera viajó a París junto a su mujer Verónica Elizabeth Zonino, que actuaría como testaferro de su marido en el exterior, para cerrar una importante operación inmobiliaria. Su situación patrimonial habría crecido exponencialmente en los últimos años ya que llamativamente pasó de tener un departamento de 88 metros cuadrados a otro de 188 metros cuadrados, en la mejor zona de Recoleta, en el pulmón más caro de Capital Federal. 

Ana María Barquero, la esposa de Capellano, también actuaría como una suerte de prestanombre. Barquero es una monotributista categoría B y recién en 2014 -con 56 años de edad- declaró como actividad principal en la AFIP la de prestar servicios inmobiliarios. Un dato por demás llamativo es que tanto Barquero, Zonino y la esposa de Echegaray, Silvana Karina Oviedo, habrían coincidido en Miami el año pasado. Aparentemente, tendrían interés en la inversión de un departamento de lujo en Sunny Isles, con la arquitectura de Cesar Pelli.

El inmueble en cuestión estaría ubicado en la Torre Armani,  donde los departamentos más económicos están valuados en más de 1,3 millones de dólares.

Conexiones con la ex SIDE

Michel se encuentra ligado a Salvatore por estrechos negocios.  Salvatore es un abogado porteño de 58 años. Fue abogado de Adrián López, apoderado de la firma Infiniti, una empresa fantasma implicada en la causa Skanka por sobreprecios y venta de facturas falsas para la evasión de impuestos. Según la fundación La Alameda, también fue abogado de Raúl Martins, un ex agente de la SIDE acusado por su propia hija –Lorena Martins- en sede judicial de ser parte de una red de trata de personas.

Cabe destacar que Michel también tendría vínculos con la ex SIDE. Así lo denunció la diputada Elisa Carrió durante la sesión del Congreso donde se convirtió en ley la nueva Agencia de Inteligencia. “Ustedes saben que Lambiris es muy amigo de Echegaray. Nosotros tenemos una denuncia en Uruguay porque la hermana de Lambiris compró una casa en un millón y medio de dólares con una bolsa en negro.

Pero Michel, que es Side, también está vinculado a Echegaray y Lambiris. Y también esta Ana Cristina Palesa, que está vinculada a la SIDE”, denunció Carrió.