Desmantelamiento de la Conadi: el Gobierno en la mira por obstaculizar la búsqueda de nietos robados

Abuelas de Plaza de Mayo ha denunciado que el Gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, planea desmantelar la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), organismo clave en la búsqueda de niños y niñas robados durante la dictadura militar en Argentina. Esta denuncia ha generado alarma y preocupación entre diversos sectores de la sociedad, especialmente aquellos comprometidos con los derechos humanos y la memoria histórica.

El papel de la Conadi en la búsqueda de la verdad

La Conadi fue creada en 1992 durante el gobierno de Carlos Menem, en cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, para localizar a los bebés apropiados durante el terrorismo de Estado. En 2001, se ratificaron sus funciones mediante la ley 25.457, y en 2004 Néstor Kirchner firmó el decreto 715, que creó una unidad especial de investigación dentro de la Comisión por el Derecho a la Identidad, permitiéndole acceder a archivos estatales que pudieran ayudar en la búsqueda de los nietos desaparecidos.

Desde su creación, la Conadi ha jugado un rol fundamental en la búsqueda de la verdad sobre los niños desaparecidos durante la ­dictadura. El 90% de los casos investigados por el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) ­provienen de este espacio. La labor de este organismo ha permitido, entre otros logros, la restitución de la identidad de personas como Daniel Santucho Navajas, hijo de desaparecidos.

La situación actual del organismo comenzó a tambalear tras la asunción del presidente libertario en diciembre pasado. Desde el ­inicio de su gestión se ha manifestado su intención de desmantelar la Comisión.

Este panorama se agravó tras el reciente desplazamiento de su directora, Claudia Carlotto, quien ha estado en el organismo desde su creación. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció una auditoría que reveló, según él, que solo “siete personas trabajaban en Conadi” de las designadas. Estas afirmaciones fueron desmentidas por Alberto Baños, presidente de la Comisión y secretario de Derechos Humanos.

Reacciones y denuncias

Diversas figuras y organismos han denunciado los intentos del gobierno por limitar las funciones del organismo. Abuelas de Plaza de Mayo ha sido una de las voces más críticas, señalando que “derogar el decreto de Kirchner sería un agravio enorme para el pueblo argentino”. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, calificó las acciones del Gobierno “como un intento de poner obstáculos a la búsqueda de los nietos”.

Por su parte, el Gobierno sostiene que las funciones investigativas “deben recaer en la Justicia y no en un organismo del Poder Ejecutivo”. Este argumento ha sido utilizado para justificar la eliminación de facultades de la Comisión, lo que podría saturar el sistema judicial con cerca de 7.000 denuncias.

Hace un tiempo, se conoció que el Ministerio de Seguridad le negó a la Conadi el acceso a legajos de fuerzas de seguridad. La cartera liderada por Patricia Bullrich confirmó que no daría acceso a los legajos de más de 70 integrantes de las fuerzas de seguridad.

Cabe mencionar que estos documentos son de importancia para investigar casos de niños y niñas que fueron apropiados durante la última dictadura militar en Argentina.

El ministerio argumentó que la “entrega de estos legajos sería una medida exorbitante y fuera de lugar”. En cuanto a Bullrich y su jefe de Gabinete, Carlos Manfroni, argumentaron que la entrega de legajos de fuerzas de seguridad “vulneraría el derecho a la intimidad y la seguridad nacional”.

Sobre esta polémica decisión, Horacio Pietragalla Corti, exsecretario de Derechos Humanos y nieto recuperado, ha advertido que se trata de maniobras del Gobierno que “buscan borrar políticas de reparación histórica”, y aclaró que la situación “es vista como un retroceso significativo en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en Argentina”.

La denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo y el posible desmantelamiento de la Conadi representan un momento crítico en la historia reciente de Argentina. La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad ha sido esencial en la búsqueda de la verdad y en la restitución de identidades robadas, mientras que las acciones del gobierno actual han generado un amplio rechazo y preocupación en sectores que ratifican la importancia de mantener y fortalecer los mecanismos que permiten esclarecer los crímenes de la dictadura y que, por ende, garantizan los derechos humanos en el país.