El Ejecutivo presentó el informe para justificar la reforma laboral

El Gobierno nacional presentó en la jornada pasada el informe mediante el que solicitó que sea rechazada la acción de amparo presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), que pretende que se declare inválido el capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei.

“Solo persigue ni más ni menos que reconstruir la economía a través de la inmediata eliminación de barreras y restricciones estatales que impiden su normal desarrollo, promoviendo al mismo tiempo una mayor inserción en el comercio mundial”, expresó el Ejecutivo a través de un texto de más de 90 páginas.

En la misma presentación esgrimió que las reformas laborales, en general, consisten en “dinamizar el crecimiento del empleo, formalizar el trabajo no registrado, promover la inserción laboral de colectivos de personas que presentan obstáculos para acceder al mercado de trabajo, incrementar el poder adquisitivo de los salarios e impulsar la participación de la población en el ámbito laboral”.

Por otro lado, el Ejecutivo argumentó los cambios en una serie de indicadores, entre los que destacó que el poder adquisitivo de los salarios del empleo asalariado registrado del sector privado se encuentra en uno de los niveles más bajos desde enero de 2009, que la proporción de trabajadores registrados en el sector privado es menor al período comprendido entre el 2010 y 2018, y que la incidencia del empleo no registrado en el total del empleo asalariado es una de las más elevadas de los últimos quince años.

Por último, desde Casa Rosada precisaron que se eligió la vía del DNU 70/23 porque “resulta clara la severidad de la situación en la que se encuentra la República Argentina, afectada por una crisis tanto económica como social que puede derivar en un deterioro aún mayor y más grave si no se comienza a solucionar la enorme cantidad de problemas originados en esa crisis”.

Tras la presentación del Ejecutivo, la Justicia puede comenzar a analizar la validez del capítulo cuestionado. Ahora, el Ministerio Público Fiscal debe emitir su opinión, y tras analizar la admisibilidad del planteo en cuestión, la Justicia laboral estará en condiciones de dictar sentencia.