El gobierno bonaerense y el Consejo de la Magistratura buscan agilizar la selección de magistrados
La cartera de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia cederá el lugar para evaluar los candidatos a ocupar los cargos en el Poder Judicial durante los próximos seis meses.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cederá al Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires “nuevas aulas y equipamiento que le permitirá tomar más de 3.000 exámenes de ingreso a magistrados y magistradas para cubrir vacantes en el Poder Judicial en el curso de 180 días”, según se anunció oficialmente.
En un comunicado de la cartera se precisó que estas acciones se llevarán adelante a partir de un convenio firmado entre el funcionario y el presidente del Consejo de la Magistratura bonaerense, Sergio Torres.
“A partir de este convenio se permitirá el uso del edificio correspondiente a la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria, así como del equipamiento tecnológico y mobiliario, para la toma de los exámenes escritos a los postulantes de concursos para la selección de magistrados y magistradas”, se indicó.
Ese acuerdo busca generar procesos dinámicos para agilizar el proceso de selección de magistrados y magistradas, a través de la toma de exámenes escritos de oposición, entrevistas o todo otro acto necesario para el proceso.
El uso del edificio, ubicado en calle 3 entre 524 y 525, brindará al Consejo de la Magistratura un espacio que le permitirá establecer un cronograma de exámenes escritos, con miras a mitigar en el menor lapso posible los efectos negativos que la pandemia de coronavirus tuvo sobre los procesos de selección de postulantes.
El mobiliario utilizado para el dictado de estos cursos fue elaborado por los internos de la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Participaron de la firma el subsecretario de Justicia, Inti Pérez Aznar; el subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pellegrini; y la subsecretaría de Transparencia Institucional, Ana Laura Ramos.
En ese marco, el Consejo de la Magistratura aprobará el jueves próximo las ternas con consenso de candidatos a magistrados para girar al Poder Ejecutivo, e intentará definir las autoridades de las comisiones trabadas por las internas entre los consejeros más afines a la oposición.
El pedido de aprobar las ternas con acuerdo, sin disidencias de los consejeros, fue hecho por el mismo presidente de la Corte, y desde abril también titular del Consejo, Horacio Rosatti, para cumplir con el objetivo de dinamizar el organismo que selecciona y remueve jueces.
El jueves último los 19 consejeros y Rosatti discutieron largamente las ternas que se aprobarían en la reunión plenaria de este jueves y, más que acuerdo sobre qué ternas aprobarían, definieron qué ternas no se votarán.
Básicamente, quedará afuera del plenario todo aquello que tiene que ver con los cargos en la Justicia Federal en Comodoro Py, y especialmente el concurso que busca reemplazar a los camaristas de traslado, declarados “provisorios” por la misma Corte, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Ambos camaristas vienen de firmar la semana pasada un fallo controversial que ordenó a la jueza María Servini volver a fundamentar el cierre del expediente que investigó el atentado a la Superintendencia de Seguridad Federal en 1976, que la jueza había declarado prescripto.
Además, el mismo fallo sugiere la posibilidad de considerar el episodio como de “lesa humanidad”, igualando el accionar de la organización civil político-militar Montoneros con el terrorismo de Estado implementado a partir de 1976 y hasta la recuperación de la democracia en 1983.
Quitando las ternas sin acuerdo, el Consejo estaría en condiciones de aprobar candidatos y candidatas en unas 10 vacantes, principalmente en el interior del país, para ya trasladar al Ejecutivo la elección y cerrar su participación en el trámite constitucional complejo que implica elegir un magistrado.
El pedido de Rosatti encontró algunas resistencias, sobre todo en los consejeros que ingresaron cuando la Corte dispuso aumentar el número de integrantes de 13 a 20.
Recusan al fiscal que pidió anular el procesamiento de Macri en la causa ARA San Juan
Familiares de tripulantes de submarino ARA San Juan plantearon la recusación del fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe, que en esta causa pidió que se anule el procesamiento del expresidente Mauricio Macri por espionaje ilegal y en otra reclamó que se lo deje de investigar para no socavar la investidura del exmandatario.
La recusación fue presentada por la querella que representa la abogada Valeria Carreras en el marco del expediente en el que Macri fue procesado por espionaje ilegal, fallo que se encuentra ahora bajo revisión de los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de la Cámara Federal porteña.
“La recusación se funda en la existencia de razones legítimas para considerar que existen circunstancias suficientes que, por su gravedad, afectan los principios de objetividad, legalidad y imparcialidad del Agente del Ministerio Público que pretendo apartar”, sostuvo la abogada Carreras en el escrito.