El Gobierno nacional presentó los informes buscando avanzar con la exploración petrolera en la Costa bonaerense

A través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entregó la declaración de impacto ambiental complementaria que había solicitado la Cámara Federal de Mar del Plata. Además, anunció la conformación de una comisión que monitoreará los controles.

Tras los amparos que habían sido ­presentados por el intendente de General Pueyrredón (­Guillermo Montenegro) y una organización de ambientalistas autoconvocados, que provocaron que el juez de primera ­instancia Santiago Martín dictara una medida cautelar, el Gobierno nacional presentó por estos días en el Juzgado Federal de Mar del Plata el material requerido por la Justicia en el marco del proyecto de exploración petrolera que se desa­rrollará en la Costa bonaerense.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación entregó la declaración de impacto ambiental complementaria, que había solicitado el 3 de junio la Cámara de Apelaciones.

En aquella ocasión, la Justicia avaló la continuidad del proyecto al dejar sin efecto una medida cautelar, pero mediante otra resolución hizo algunos requerimientos para terminar de despejar algunas incógnitas sobre el eventual impacto ambiental del ­proyecto.

El informe busca conocer los efectos que la explotación petrolera offshore puede tener sobre la fauna y flora marina de la zona, apuntando a elevar los estándares de calidad de evaluación ambiental, por lo que uno de los puntos requeridos por la Justicia era la modalidad de control y fiscalización del Plan de Gestión Ambiental.

Las medidas

En lo que se refiere a las medidas de ­protección de la fauna marina solicitadas por la Justicia, desde el Ministerio también ­asumieron un compromiso en este sentido, lo que debería dar tranquilidad a los ­representantes del sector pesquero, uno de los protagonistas de la oposición a este proyecto.

En ese marco, Parques Nacionales estimó que la evaluación de impacto ambiental de la iniciativa abordó adecuadamente la zona y consideró que las medidas del Plan de Gestión Ambiental son apropiadas para mitigar potenciales impactos sobre el monumento natural nacional.

La opinión del organismo durante el proceso permitió fortalecer las propuestas de la empresa Equinor, incorporando una medida de “coordinación y soporte a la Red Federal de Varamientos durante el período de la operación”, entre otras cosas.

Cabe destacar que las bases para el ­desarrollo de medidas que eviten y reduzcan el impacto de las prospecciones sísmicas sobre la fauna marina ya estaban explicitadas en la resolución n° 201/2021, un protocolo específico elaborado en base a los máximos estándares internacionales, ideado tras el análisis de una guía de monitoreo del Instituto Brasileño del Medioambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama).

Además, se había requerido un análisis de los “impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos” del proyecto en el área de intervención y sus plazos temporales, por lo que ante esta situación la empresa ­realizó una actualización e incorporó nuevos datos sobre dichos impactos, junto con ­información provista por la Secretaría de Energía.

Sobre este punto, para evitar impactos acumulativos, se desaconsejó realizar actividades de relevamiento sísmico 3D en los tres bloques específicos (CAN 100, 108 y 114) en un plazo no menor a 24 meses, una vez finalizada la actividad sísmica aprobada por la resolución nº 436/21.

Finalmente, también se hizo la presentación del estudio ambiental acumulativo que se había solicitado, respondiendo desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo ­Sostenible a todos los requerimientos de la Justicia, que será ahora la que deberá definir si finalmente se levanta la medida cautelar vigente para garantizar la continuidad del proyecto.

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