El oficialismo congela el debate del DNU mientras la oposición se desarma

Luego de que el Senado rechaza­ra el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de desregulación, el oficialismo logró frenar la discusión en la Cámara de Diputados, mientras el kirchnerismo no logra reunir los votos necesarios para darle el zarpazo final al eje del programa de reformas que impulsa el Presidente Javier Milei.

Desde el bloque de Unión por la Patria señalaron que tras el revés del proyecto, en la Cámara alta se pusieron a dialogar con el resto de los sectores para cosechar las adhesiones necesarias, pero no llegaron a un buen puerto. “Hoy no llegamos al quórum”, dejaron trascender. Desde la oposición creían que podían contar con más de 130 voluntades, pero el número se fue diluyendo con el correr de las horas, por lo que nunca llamaron a una sesión especial para tratarlo. Un escenario totalmente contrario al Senado, donde los pedidos del bloque eran reiterados.

Los aliados subrayan que este cambio en el escenario se debe a que la Casa Rosada activó rápido las negociaciones con algunos sectores que votaron en contra en el Senado y lograron revertir los números.

Según remarcan en los pasillos del Congreso, el calendario apremia a la oposición, ya que a medida que pasen los días tendrán menos chances de rechazarlo y el Ejecutivo avanza con las negociaciones, metiéndose votos en los bolsillos de la oposición no K.

En paralelo, los sectores dialoguistas avanzan en un “plan B” al decreto que desregula la economía eliminando alrededor de 80 leyes y modificando otras 300. La intención es ir presentando proyectos de ley “espejo” a cada uno de los capítulos que contiene el DNU con el PRO como el brazo ejecutor de los intereses de la Rosada, mientras que los radicales y la Coalición Cívica mantienen diferencias internas.

Cabe recordar que el mega DNU fue rechazado a mediados de marzo por el Senado por 42 votos a favor, 25 en contra y 4 abstenciones. Además del kirchnerismo, que sentó a la totalidad de sus 33 senadores, votaron en contra un puñado de radicales, legisladores que responden a gobernadores –principalmen­te patagónicos– y otros bloques provinciales. Ahora, la Cámara baja debe definir si lo rechaza y deroga, o levanta el pulgar y sigue vigente.