El pacto: 15% a cambio de impunidad

Un grupo de empleados y profesionales de la obra social denuncian que autoridades del IOMA están buscando destruir 4000 cajas con documentación relacionada a negociados con medicamentos oncológicos y recetas truchas. Involucran a la conducción de UPCN. Integrantes de este gremio fueron confirmados y/o ascendidos en la estructura de la obra social

"Yo te firmo el aumento salarial de 15% en dos cuotas, pero vos borrame la causa”. Palabras más, palabras menos, esos habrían sido los principales términos del pacto que habrían sellado funcionarios de primera y segunda línea del gobierno de María Eugenia Vidal y la conducción del gremio UPCN que comanda Teodoro Carlos Quintana y su lugarteniente Juan Héctor Nieves. No por casualidad ambos dirigentes han sido los principales defensores sindicales de la oferta salarial más irrisoria de los últimos años.

La mencionada causa, que tanto preocupa a Quintana y a sus secuaces, son las denuncias penales relacionadas con negocios turbios en el Instituto de Obra Médico Asistencia (IOMA), un organismo que tiene un presupuesto anual superior a los $21.000 millones y es un verdadero antro de corrupción. Entre las delitos más espinosos se encuentra la falsificación de recetas y el robo de medicamentos oncológicos de altos costos que, mediante la utilización de nombres de afiliados fallecidos y de personas sanas –hasta se habrían inventado pacientes-, se terminaban comercializando clandestinamente en una red de farmacias ubicadas en La Plata y en distintas localidades del interior bonaerense.

El affaire de los oncológicos llevó a que, en el año 2013, dos funcionarios del IOMA –Sergio Massaccesi y Marcelo Piergiácomi- vinculados al gremio UPCN terminaran tras las rejas, junto con un auditor médico y un grupo de farmacéuticos. Pero, sospechosamente, la investigación no avanzó mucho más en la cadena de responsabilidades políticas. Y todo indica que el gobierno bonaerense, con el objetivo de hacer un brutal ajuste sobre los salarios de 400 mil estatales que perderán una parte muy importante de su poder adquisitivo, están dispuestos a poner punto final y garantizar la impunidad. Por eso, funcionarios y funcionarias de la obra social que formaron parte del gobierno sciolista -vinculados con Quintana y Nieves- fueron confirmados en sus cargos. Peor aún: en algunos casos hasta fueron ascendidos por el presidente del instituto Sergio Daniel Cassinotti que, hasta el año 2011, fue CEO de Unión Personal, la obra social de UPCN.

El apriete

Un viejo axioma del derecho dice que sin pruebas, no hay delito. En ese sentido, un grupo de empleados y profesionales de la obra social, muchos de ellos con 20 y hasta 30 años de carrera dentro del instituto, se acercaron a la redacción de Hoy para dar cuenta de las presiones que están sufriendo para destruir y hacer desaparecer todos los archivos y documentos relacionados con medicamentos oncológicos, y otros negociados, que van de 2007 hasta 2012. Precisamente, durante esos años, se habrían realzado las maniobras más comprometedoras.

Desde la Asociación de Profesionales del IOMA, que conducen los médicos Idelmar Seillant y Alejandro Chavero, confirmaron este fin de semana a Hoy que están al tanto de lo que está ocurriendo. Lo calificaron como “algo muy grave” y afirmaron que en las próximas horas realizarán un pedido formal en los tribunales platenses para que se disponga la custodia judicial de toda la documentación. A su vez, reclamaron la urgente realización de una auditoría de corte por parte de una comisión independiente y la urgente convocatoria a concursos públicos para cubrir, con profesionales idóneos, todos los puestos que están en manos de personajes vinculados a Quintana.

Una bomba de tiempo

“Estamos hablando de unas 4000 cajas, con documentación muy sensible que no solo incluye el puñado de casos que investigó el fiscal. Son miles y miles de casos. Prácticamente, no hubo pacientes oncológicos en la Provincia al que no se le haya inventado alguna prestación o incluido algún medicamento de alto costo que nunca recibió. No bien ganó Vidal, empezó la preocupación por el destino de esas cajas en el IOMA. Un personaje llamado (Juan Pablo) Capra, al que le dicen Pampi, empezó a llamar por teléfono diciendo que había que sacar esas cajas. Algo similar hizo el entonces director de Gestión Institucional, Pablo Avila”, dijeron los empleados y profesionales a Hoy, cuya identidad se preserva para evitar que sufran represalias. Algunos de ellos ya fueron amenazados de muerte.

“El Pampi” es un funcionario del IOMA que, además de formar parte de UPCN, tendría a su cargo el área de mantenimiento y de traslados de la obra social. Los empleados agregaron: “Tras los aprietes del Pampi, nos empezó a llamar la secretaria de Avila, insistiendo con los pedidos. En todos los casos se les respondió que debía hacer una notificación formal con la baja del servicio dispuesta por el Tribunal de Cuentas. Ello nunca ocurrió. Y ahora intervinieron las actuales autoridades, diciendo que todos los trámites debían ser picados por orden del presidente. Es más, hace pocos días fue citado el responsable del archivo a la sede central del IOMA y en el séptimo piso lo estaba esperando el director general de administración (Víctor López Monti) y juntó a él, a su derecha, estaba sentado el Pampi. Reiteraron que se tenía que picar las cajas de 2007 a 2012 y que tenía que hacerse antes del 15 de marzo (el plazo se cumple mañana). Pero como no tienen el fallo del tribunal de Cuentas que los autorice, quieren hacer una resolución para justificarse, algo que es ilegal”.

Cuando Juan Domingo Perón volvió al país, tras 17 años de exilio, afirmó: “por donde se pellizca, sale pus". Lamentablemente, esa descripción calza a la perfección para dar cuenta de la putrefacción generada por una corrupción estructural que, desde hace años, carcome a la obra social más importante de la provincia de Buenos Aires.

Radiografía de los premios y ascensos a los garantes del 15%

Una clara muestra del pacto con Quintana es que varios funcionarios vinculados al dirigente gremial, que ocupa cargos estratégicos en el IOMA, teniendo acceso a una caja millonaria, no han sido removidos tras el cambio de gobierno. Por el contrario, muchos fueron confirmados, mientras que otros hasta fueron ascendidos.

Para muestra basta un botón. Según pudo saber Hoy, la semana pasada el directorio del IOMA habría dispuesto el nombramiento como titular de la Dirección de Auditoría y Fiscalización Médico Ambulatoria a  la administrativa Liliana Méndez, de estrecho vínculo como Quintana. Sin ser profesional, paso a ocupar ese cargo luego de haber sido nombrada jefa de departamento interina durante el gobierno sciolista.

Por la dirección que presidirá Méndez pasa el control de todo lo que tiene que ver con los contratos relacionados con el denominado primer nivel de atención. Es decir,  diálisis, prestaciones de kinesiología, fonoaudiología, odontología, prácticas bioquímicas, estudios de diagnóstico de alta complejidad, prestaciones médico-ambulatorias con sus correspondientes derivaciones a centros de salud de Capital Federal como puede ser el Hospital Italiano y la Fundación Favaloro, y la fertilización asistida.

“Desde su creación esta dirección de auditoría siempre fue ocupada por profesionales, porque así lo requiere la función. Pero ahora no solo están poniendo a una persona que no tiene capacidad técnica ni científica, sino que llegó a ser jefa de departamento interina a partir de su vínculo con la gestión anterior encabezada por La Scaleia, que fue la más corrupta de la historia del IOMA. Y por tener diálogo directo con Quintana. Evidentemente, la ponen en ese lugar para que haga la vista gorda”, dijo un profesional del Instituto. Y otro agregó: “en vez de que se instale el concurso para que esa función estratégica sea ocupado por alguien idóneo, directamente se obvió el concurso y se la nombró directora a dedo”.

El caso de Liliana Méndez no es el único. Las actuales autoridades del IOMA, tal como lo viene reflejando Hoy, confirmaron en el puesto de subdirectora a Andrea Mendiguibel, otra administrativa vinculada a UPCN que trabajó codo a codo con Marcelo Piergiácomi, el encargado del área Farmacia y Bioquímica que terminó preso y actualmente se encuentra procesado en el affaire de los oncológicos.

Mendiguibel, que se quedó con el puesto de Piergiácomi de la mano de La Scaleia, tiene a su cargo la responsabilidad del tratamiento farmacológico de miles de afiliados. En ese sentido, al no haber una comisión científica, ella determina qué drogas ingresan al vademécum del IOMA y define discrecionalmente qué tipo de cobertura van a tener. A saber: la cobertura es de 100% a cargo del IOMA si forma parte del Plan Meppes (patologías crónicas) o varía si corresponde al plan ambulatorio (el afiliado lo retira directamente de la farmacia y tiene que abonar la diferencia). “En este negocio interviene, directamente, los intereses de la industria farmacéutica”, denuncian profesionales de la obra social. 
 
Otro caso llamativo es el de Mabel Zabala, vocal en la comisión directiva de UPCN, que sin tener siquiera estudios secundarios es coordinadora del área de registros y comunicaciones del IOMA y tiene a sus hijos y a su ex nuera repartidos en distintos cargos estratégicos, por donde pasan trámites millonarios.

"Por ejemplo, hay trámites que no debería ingresar por calle 46, especialmente aquellos relacionados con las internaciones domiciliarias, que lo recibe uno de los hijos de Zabala que, previo pago de una comisión, son despachados rápidamente. Luego, en el área de fármacos, los trámites ingresan por calle 7 (donde funciona la delegación La Plata), donde está otro hijo de Zabala, que luego los deriva al tercer piso de la sede central y son trasladados en camionetas que manejan gente de la directora de la regional La Plata, Viviana Chierichetti. En sede central, los recibe la gente de Mendiguibel que también es de UPCN. La mayoría de esos trámites se despachan sin controles y estamos hablando de cifras millonarias”, dijeron las fuentes consultadas por Hoy. Y alertaron que la ex nuera de Zabala podría ser nombrada como jefa del departamento de archivo y mesa de entradas.

Chierichetti es otra funcionaria, vinculada a UPCN (se le atribuye haber tenido un relación sentimental con Quintana), que fue confirmada por Cassinotti. Está denunciada penalmente porque habría permitido múltiples irregularidades en las prestaciones domiciliarias como así también por haber direccionado indebidamente medicamentos para patología crónicas que forman parte del Plan Meppes y que tienen cobertura del 100%. Otro personaje vinculado a UPCN que sigue en funciones es Omar Ceberino, director de la Región General Pueyrredón, quien fuera denunciado por los afiliados por la comisión de delitos o estafas.

Paritarias 2016

Los datos muestran, claramente, que el 15% acordado por UPCN está muy por debajo que los porcentajes de otras paritarias. De ahí la sospecha de que, en la mesa de negociaciones de la Provincia, intervinieron factores que no tienen que
ver con las necesidades de los trabajadores

Porcentajes:

Estatales

*Bonaerenses (UPCN): 15%

Docentes

*Nacionales 30% (promedio)

*CABA 35,6 %

*Buenos Aires 34,6%

*Provincias 40% (promedio)

Bancarios

(AB) 32,7 %

Metalúrgicos

(UOM) 31,9%

La excusa

Los empleados y profesionales del IOMA, que denuncian los aprietes para hacer desaparecer los archivos, también dijeron a Hoy: “dos días después del encuentro con López Monti en el IOMA, el responsable del archivo volvió a ser citado al mismo lugar para trabajar sobre las cajas… Aparentemente, la excusa que quieren argumentar es que tiene que reducir los archivos por una cuestión de costos. Parte de la administración de archivos lo realiza la empresa ADEA, que funciona en el barrio Pepsi de Florencio Varela”.

Reciclaje de denunciados

Una resolución con fecha del 4 diciembre del año pasado (seis días antes del cambio de gobierno), firmada por el entonces presidente del IOMA, Antonio La Scaleia, en complicidad con la conducción de UPCN, dispuso pasar a planta permanente a un grupo de directores que fueron denunciados penalmente por delitos de corrupción. Hasta el momento, el actual presidente del IOMA, Sergio Cassinotti, no anuló esa resolución.

“Estos directores fueron los que permitieron los sobreprecios, direccionar prestaciones que no se cumplieron y que IOMA las abonó, y hasta posibilitaron que se formen empresas fantasmas relacionadas con internaciones domiciliarias; casas de prótesis y remisses”, dijeron a Hoy desde la Asociación de Profesionales. Y detallaron los nombres de los funcionarios beneficiados por esta resolución:

-Ex titular de la Dirección de Regionalización, Ana Paula Ruggiero

-Ex director de Gestión Institucional, Pablo Germán Avila. Pasó en comisión al PAMI.

-Ex director de Finanzas, contador Bernardo Rodríguez

-Ex Director de Programas Específicos, Pelayo Aner Romero.

-Ex director de Establecimientos Asistenciales, Marcelo Relli.

-“Todos ellos renunciaron a sus cargos directivos, pero pasaron a la planta administrativa. Esto lo vamos a llevar a la Justicia”, dijeron profesionales del Instituto.

Afiliaciones truchas

Una mención especial merece el caso de la directora de Afiliaciones, Eugenia Rosilló Acuña, otra integrante de UPCN que fue ratificada en el cargo. Esta funcionaria fue denunciada penalmente debido a múltiples irregularidades como no dar de baja a los afiliados muertos y por realizar afiliaciones incompatibles como forma de favorecer determinados convenios.

Según documentación a la que tuvo acceso Hoy, Rosilló Acuña hasta habría afiliado irregularmente a su madre, que es extranjera y viviría en Estados Unidos, como afiliada a cargo de su hermana Narda Angélica Rosilló Acuña. Sería una forma de que la señora pueda acceder a la prestación médica que no recibe en Estados Unidos. Viajaría a nuestro país dos o tres veces por año.  Esta maniobra se hizo bajo convenio AVI (Afiliados Voluntarios individuales) por periodos de un mes a fin de obtener prestaciones de la obra social sin período de carencia. Cumplido ese plazo, sería borrada automáticamente de los padrones como forma de no dejar los dedos marcados.

Según las fuentes consultadas por Hoy, lo ocurrido con la madre de Rosilló sería absolutamente ilegal ya que para afiliar a un familiar a cargo se requiere residencia en la provincia de Buenos Aires, tener tres meses de carencia (no puede hacer uso de la obra social durante ese periodo), debe tener nacionalidad argentina y no debe tener enfermedad preexistente.

Casos similares, relacionados con las afiliaciones truchas, se repetirían por miles en el IOMA.

Del IOMA al PAMI sin escalas

Pablo Avila, el ex funcionario del IOMA que según los empleados y profesionales metió presión para que se eliminaran los archivos que involucran a Quintana y sus secuaces en los negociados con oncológicos (ver página 3), logró reciclarse como coordinador ejecutivo en la regional platense del PAMI. Fue nombrado mediante una resolución firmada por el titular de la obra social de los jubilados, Carlos Regazzoni, a quien poco pareció importarle el hecho de que sumó a un personaje mencionado en las denuncias penales realizadas por los profesionales de la obra social bonaerense.

Los resultados del nombramiento están a la vista: el pasado 19 de febrero, un afiliado del PAMI cayó desplomado y murió en el acto en la sede platense de la obra social luego de que, por falta de pago, no le quisieron dar cama en una clínica platense. El cadáver del afiliado estuvo más de cuatro horas en el piso hasta que llegó una ambulancia y lo llevó a la morgue.

Pablo Avila también es director del Instituto Superior del Colegio de Gestores de la Provincia de Buenos Aires y es docente en el colegio Sagrado Corazón de La Plata.

¿Cuál es la banca política que tiene Avila? En el IOMA se le atribuye un vínculo familiar –sería primo- de la gobernadora María Eugenia Vidal. Voceros de la mandataria provincial consultados por Hoy dijeron desconocer el vínculo y evitaron responder la pregunta.