El protocolo antipiquetes divide las aguas de la política

En la jornada del día jueves, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó ante la sociedad argentina un “protocolo para el mantenimiento del orden público”, también denominado “antipiquetes”. Este anuncio generó diversas opiniones, a favor y en contra, y así se dividieron las aguas en el ámbito de la política nacional.

El plan en cuestión incluye la identificación de quienes corten arterias, la aplicación de las leyes que contemplan hasta penas de prisión y el cobro de los gastos que demande la intervención de las fuerzas de seguridad a las organizaciones que violen la normativa.

“Las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple”, dijo Bullrich durante una presentación ante la prensa, en la sede de la cartera de Seguridad, en Gelly y Obes 2289, en el barrio porteño de Recoleta.

La funcionaria indicó que, “si hay un delito flagrante”, las fuerzas federales podrán intervenir “de manera inmediata” de acuerdo con “los códigos procesales vigentes” y que utilizarán “la mínima fuerza necesaria y suficiente”, la cual será “graduada en proporción a la resistencia” que se oponga.

“Serán determinados los delitos hasta una nueva ley que se va a presentar a corto plazo de acuerdo al artículo 194 del Código Penal”, agregó.

Ese artículo establece que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.

En ese aspecto, Bullrich remarcó que el Gobierno tiene “una decisión tomada” de que “la forma de pedir o buscar un beneficio social” ya no es “por la vía del corte”.

“Sepan que si se toma la calle va a haber consecuencias. Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz”, señaló.

“Serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delitos”, añadió y resaltó que “se van a identificar a los conductores y a los vehículos utilizados”.

“Hoy gobierna la casta”

En diálogo con diario Hoy, el dirigente político Luis D’Elia apuntó fuertemente contra estos anuncios y aseguró que “el protocolo de Patricia Bullrich es contra los piqueteros”, ya que “la Sociedad Rural, el peronismo y los otros sectores van a poder hacer marchas, pero los piqueteros no”.

En ese aspecto, remarcó que “esto es inconstitucional, porque el artículo 14 bis de la Constitución consagra el derecho de la protesta y es la esencia de la democracia misma, por eso espero que rápidamente algún juez declare inconstitucional esta medida”.

En cuanto a los primeros días del gobierno de Milei, D’Elia dijo que “primero nos dibujan una situación caótica, crítica, que no existe, con una Argentina al borde de la hiperinflación con déficit fiscal, cuando Estados Unidos tiene déficit fiscal hace más de 50 años y nunca tomó estas medidas recesivas y tóxicas como las que anunciaron ellos”.

“Hoy la casta gobierna y los perjudicados de estas medidas son los trabajadores, la clase media y los pobres”, enfatizó.

Volviendo al accionar de Bullrich, el dirigente recordó que “ella siempre ha intentado controlar las calles y nunca lo logró”, y en ese aspecto adelantó a este medio que en los próximos días pedirán una reunión con las autoridades nacionales para, posteriormente, definir el plan de acción a aplicar.

Pero no solo D’Elia salió al cruce de estas medidas, sino que también otros dirigentes cuestionaron la situación y repudiaron también a aquellos como el diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, que a través de redes sociales amenazó a dirigentes de izquierda con la famosa frase “cárcel o bala”.

La organización Abuelas de Plaza de Mayo fue una de las que salieron al cruce del protocolo de Bullrich, con un comunicado en donde expresaron: “A poco de cumplir 40 años de la democracia más larga de nuestra historia, pedimos a nuestros gobernantes el respeto a los derechos y garantías de nuestra carta magna”.

“Las peores tragedias de nuestra historia han llegado de la mano de las políticas represivas”, agregaron.

“No hay nada inconstitucional”

Como contrapartida, el abogado constitucionalista Félix Lonigro dialogó con la prensa y defendió firmemente el anuncio de la excandidata a presidenta de Juntos por el Cambio. Según dijo el letrado: “No se hizo nada nuevo, sino que ponen en marcha los mecanismos para evitar la protesta social. No hay ninguna medida inconstitucional”.

Asimismo, agregó que “todo lo anunciado es en el marco de la legalidad”, y señaló que “nadie niega el derecho a reclamar, sino que hay que tener en cuenta que la Constitución también deja en claro que no se puede perjudicar a terceros”.

“Los derechos y libertades pueden ser restringidos por la autoridad, lo dice la Constitución en el artículo 19, entones es una falacia decir que las medidas anunciadas son inconstitucionales”, consideró el abogado en diálogo con la prensa.

Por otra parte, al ser consultado sobre la posibilidad de que el accionar del ministerio sea visto como una persecución, el letrado manifestó que “eso depende de cómo uno quiera verlo”, y concluyó: “Entiendo perfectamente a la gente que puede pasar hambre, pero también hay mucha gente que no sabe para qué va a las protestas”.