El silencio de Kreplak y el apriete al periodismo independiente

El polémico juez canceló en reiteradas oportunidades las audiencias que él mismo había convocado para defenderse de las denuncias por el ataque al diario Hoy. Además, ordenó a las fuerzas de seguridad impedir el ingreso de periodistas a los tribunales federales de La Plata

Mientras avanza en el Consejo de la Magistratura de la Nación el pedido de jury contra el titular del Juzgado Federal nº 3 de La Plata por los aprietes al diario Hoy y a la familia Balcedo, el polémico magistrado no solo se niega a responder a las denuncias, sino que también hizo montar un operativo de seguridad para amedrentar e impedir el ingreso de periodistas de este medio a los tribunales federales.

En las últimas dos semanas, el magistrado y exfuncionario del gobierno kirchnerista canceló en reiteradas oportunidades las audiencias que él mismo había concedido a periodistas de este medio, las cuales habían sido solicitadas formalmente con el objetivo de poder consultarle por el sospechoso avance de una causa contra la familia Balcedo, a cargo de la dirección del diario y de la emisora Red 92, que se estaría impulsando como represalia. Concretamente, el accionar del juez estaría motivado en una serie de investigaciones publicadas que comprometieron seriamente a su hermano, Nicolás Kreplak, en uno de los casos más resonantes de corrupción de la era K como fue el Plan Qunita. 

Asimismo, desde el diario Hoy también se le quería consultar sobre otro pedido de jury que pesa sobre el titular del Juzgado Federal nº 3 por haber beneficiado con una prisión domiciliaria a Eduardo Barreiro, un represor acusado por crímenes de lesa humanidad, estrechamente vinculado con el exjefe del Ejército del kirchnerismo, César Milani. A Barreiro se le concedió el polémico beneficio con una excusa insólita, como es el hecho de que, supuestamente, tenía que cuidar a “su padrastro enfermo”, quien finalmente falleció poco tiempo después, pese a lo cual el represor, que aparece como fiador en las declaraciones juradas de Milani, estuvo casi dos años gozando del beneficio de estar preso en su propia casa. 

Cabe destacar que, por pedido del polémico magistrado, la secretaria interina del Juzgado nº 3, Yamila Abdelcader, fue autorizada a desem­peñarse como docente en la Universidad de Buenos Aires en una materia en la que tiene como superior académica nada menos que a la abogada de Milani, Mariana Barbitta, que se desempeña como adjunta de la cátedra. El profesor titular es Maximiliano Rusconi, quien a su vez es el abogado defensor del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien también está involucrado en otras causas que se tramitan en el mencionado juzgado de nuestra ciudad.   

Eso no es todo: en la última semana, se registró una nutrida movilización a la sede del Juzgado nº 3 de familiares, amigos y referentes sociales por la desaparición de la joven Johana Ramallo. Los manifestantes reclamaron ante la marcada inacción del magistrado en la investigación, en momentos en los que la joven lleva más de cinco meses desaparecida y se teme que haya sido víctima de una red de trata de personas. 

De esta manera, la única respuesta de Kreplak ante las denuncias en su contra es el silencio. Ayer solo atinó a responder: “No”, cuando una cronista de este diario, que había logrado ingresar al edificio, se lo cruzó en uno de los pasillos. Luego, le cerró la puerta de su despacho en la cara.

En las últimas semanas, efectivos de la Policía Federal y de la Prefectura reconocieron, al tener que explicar verbalmente el por qué del bloqueo a los periodistas del diario, que cumplían lo que les había ordenado 

Kreplak. Pero en ningún momento pudieron exhibir una orden por escrito de alguna autoridad competente que justifique el motivo por el cual los cronistas, fotógrafos y camarógrafos no pueden cumplir con su deber de informar lo que está sucediendo en el Juzgado nº 3. A su vez, tampoco existe ninguna orden expresa de parte de los integrantes de la Cámara Federal quienes, en rigor, son los responsables de regular las cuestiones de seguridad vinculadas con el ingreso de personas. 

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