La pobreza y la indigencia golpean a millones de bonaerenses

Pese a la algarabía del Gobierno con respecto a la baja de la pobreza, el reciente informe del Indec reveló un dato preocupante: más de 6 millones de bonaerenses se encuentran por debajo de la línea de pobreza, mientras que 1.502.207 personas están en situación de indigencia, es decir, no cuentan con los recursos suficientes para cubrir una canasta básica de alimentos. Solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Mar del Plata, Bahía Blanca y San Nicolás, se registraron más de 5,5 millones de personas afectadas.

En el Conurbano bonaerense, 5.486.186 personas viven en condiciones de pobreza y 1.311.698 en la indigencia. En La Plata y alrededores, los indicadores muestran 349.855 personas pobres y 68.232 indigentes. En Bahía Blanca-Cerri, los datos reflejan 82.198 habitantes en situación de pobreza y 11.839 en la indigencia, cifras que podrían agravarse tras el temporal reciente. En Mar del Plata, 192.706 personas están bajo la línea de pobreza y 21.896 no logran cubrir sus necesidades alimentarias.

El Gobierno nacional señaló una reducción del 14,8% en la pobreza con respecto al primer semestre del año y celebró los resultados. Sin embargo, esta caída estadística no se tradujo en una mejora real en la calidad de vida de la población. El aumento de tarifas, el encarecimiento de la canasta básica y la inflación persistente golpean con fuerza a los sectores más vulnerables, en especial a los jubilados. Además, la indigencia sigue en aumento, reflejando el deterioro de los ingresos y la imposibilidad de cubrir necesidades básicas.

Las cifras del Indec revelan que no basta con una reducción porcentual en la pobreza si no hay una mejora efectiva en el poder adquisitivo y el acceso a bienes esenciales. Mientras el costo de vida continúa en ascenso, millones de argentinos siguen luchando por su supervivencia diaria.

A esto se suma la creciente precarización laboral y el estancamiento del empleo formal, factores que profundizan la fragilidad económica de miles de hogares. La falta de medidas efectivas para frenar la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de la indigencia pone en evidencia la necesidad urgente de políticas públicas que garanticen un piso mínimo de dignidad.