Las repercusiones del Código de Convivencia en La Plata

a medida que aprobó el Concejo Deliberante el pasado miércoles trajo idas y vueltas entre funcionarios municipales. Sin embargo, la nueva norma tiene como protagonistas a diferentes sectores sociales que ven afectada su actividad por las regulaciones que impulsó el intendente Julio Garro.

En principio, Ramiro Berdesegar, referente de la Corriente Clasista y Combativa de La Plata (CCC), habló con diario Hoy y se refirió al punto de la norma que pretende regular la protesta social: “Existe la protesta social porque hay causas que llevan a que el 42% de nuestra población esté por debajo de la pobreza y el 11% en situación de indigencia”, afirmó.

“Si piensan que este Código va a ocultar esa realidad, están muy equivocados. Tratar de regularizar la protesta social sin discutir las causas por las que existe, es como querer tapar el sol con la mano”, manifestó.

Además, Berdesegar dijo que el día miércoles “hubieron dos he­chos”. En principio, la aprobación de esta iniciativa “de espaldas a las necesidades de los platenses”, y el segundo “la masiva movilización de repudio a una gestión municipal que no da respuestas a los problemas”.

Con respecto a la venta ambulante, el diario habló con Cheikh Gueye, referente de la Asociación Senegalesa de La Plata, quien afirmó que la medida que se aprobó “no modifica mucho a la regulación que está vigente actualmente”, sino que “solo cambia el monto de las multas”. La ordenanza que regía anteriormente sanciona esta actividad no autorizada con multa de 10 a 1.000 módulos, mientras que la nueva medida impone una sanción de 150 a 1.500 módulos.

El representante de la comunidad senegalesa platense remarcó: “Nos parece increíble que se a­pruebe un Código de estas características en un momento económico tan difícil”.

“Hace unos meses que estamos dialogando con la Defensoría del Pueblo y la Subsecretaría de La Plata” para llegar a un consenso, contó Gueye. Sin embargo, admitió que no hubo un acuerdo concreto.

Aproximadamente, los senegaleses que se encuentran trabajando en La Plata son más de 200, según confirmó el representante.

Otro punto que trata el proyecto aprobado por los ediles es el de la regulación de las “Zonas Rojas” en el distrito. Valentina Pereyra, secretaria general de la Ammar, sindicato de trabajadoras sexuales de La Plata, se pronunció en contra de esta nueva medida. “Ni la zona ni el horario está delimitado todavía”, afirmó Pereyra, a la vez que advirtió que al regularse una zona “se clandestiniza otra”.

“Habla de un marco regulatorio a medias”, dijo a este multimedio. Esto se debe a que el reclamo de las trabajadoras sexuales “no pasa solo por tener una zona delimitada”, sino por poder ejercer la actividad con mejores condiciones, “como derechos laborales, aportes, obra social”.

“Es una manera solapada de generar un contento hacia cierto sector de la ciudadanía”, continuó. “Siempre que hay un año electoral sale a relucir este proyecto, ahora hay que ver cómo lo van a implementar”, cuestionó, haciendo hincapié en el papel de las fuerzas de seguridad y su trato hacia “mujeres y disidencias” que ocupan el espacio público.

Elecciones y la faltade diálogo

Hay dos puntos que resonaron en las declaraciones de las personas consultadas: que el Código de Convivencia es una medida electoral y que no hubo consulta a estos sectores para aprobarlo.

Desde la CCC afirmaron que las organizaciones consultarán con representantes legales para avanzar en contra de esta nueva normativa “desde lo legal, político y sindical”.